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"Mi vida se desplomó", historias rotas por los crímenes de militares en Colombia

Tras más de una década reivindicando la inocencia de los caídos, las familias lograron limpiar la memoria de las víctimas

Por AFP

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Eliécer estaba solo en su finca cuando irrumpieron los militares. Era un líder campesino sin estudios que el ejército hizo pasar por guerrillero muerto en combate. Su esposa tuvo que esperar 15 años para escuchar el cruel relato y el perdón de los asesinos.

El martes Eduvina, una viuda de 43 años, contextura gruesa, pelo ensortijado y tono firme, revivió el secuestro, desaparición y asesinato de su marido a manos de soldados en una zona del noreste de Colombia fronteriza con Venezuela donde abundan los narcocultivos. 

Aprovecharon que estaba solo "para que nadie se diera cuenta de que se lo iban a llevar", rememora la mujer en diálogo con la AFP. 

Eduvina encaró a los culpables del asesinato de Eliécer en una histórica audencia de reconocimiento de responsabilidades por parte de militares. Llevaba una camiseta negra con las fotos estampadas de soldados en fondo amarillo y la pregunta punzante "¿QUIÉN DIO LA ORDEN?".

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El líder comunitario, a quien recuerdan por su bigote, cayó en la trama de sangre que armaron altos mandos para inflar sus resultados en la lucha contra los rebeldes izquierdistas cuando arreciaba el conflicto interno. 

Por primera vez, diez militares en retiro confesaron su participación en los "falsos positivos" o ejecuciones a sangre fría de 120 civiles entre 2007 y 2008 solo en el departamento de Norte de Santander.

El tribunal surgido del acuerdo de paz de 2016 con la ya disuelta guerrilla de las FARC estima que al menos 6.402 personas, en su mayoría campesinos o jóvenes de ciudad desempleados, fueron asesinados como parte de esta "práctica sistemática" en varios puntos del país. 

Ante los magistrados y allegados a los muertos, un general, cuatro coroneles, cinco suboficiales y un civil admitieron los crímenes en Norte de Santander para obtener penas alternativas a la prisión. 

Tras más de una década reivindicando la inocencia de los caídos, las familias lograron limpiar la memoria de las víctimas. 

Trama de sangre

Cuando tenía 38 años, el esposo de Eduvina desapareció. Los militares, sostiene la mujer, se lo llevaron de la finca donde sembraba yuca, café, piña y organizaba su trabajo comunitario, mientras ella hacía una diligencia en otro pueblo. Corría octubre de 2007. 

Después de dos días de búsqueda, apareció el cadáver "desfigurado" de Eliécer en un cementerio de Ocaña. Eduvina lo reconoció por el bigote y una argolla de plata. En su billetera llevaba dos fotografías, la de su esposa y la de su hijo de 10 años.

"La vida mía se desplomó totalmente", cuenta. Junto al pequeño Yesid huyeron del pueblo.

El capitán Daladier Rivera, exjefe militar en Ocaña, se declaró "responsable frente a los hechos" asegurando además que proporcionó las armas que sus hombres pusieron al lado de los cadáveres para hacerlos pasar como rebeldes.

Eduvina lloró inconsolabe. Ya repuesta, dijo a la AFP: "uno siente un alivio, porque el nombre de nuestros familiares quede limpio ante el mundo".

La viuda reiteró que Eliécer "no era ningún combatiente ni guerrillero como dicen", sino un padre amoroso "enfocado" en su hijo. 

Al acto de reconocimiento también llegaron, entre otros, Antonio María Peña, que perdió a tres hermanos en operativos ficticios contra la subversión.

Y Álvaro Marulanda, hermano de Martín, un "paciente psiquiátrico" que recibió un "tiro de fusil en el parietal derecho y cinco tiros de pistola nueve milímetros en el pecho".

Sin verdad

Hasta Ocaña viajaron igualmente escoltadas las Madres de Soacha,  el colectivo de víctimas de los 'falsos positivos' más reconocido del país.  

Algunos de sus hijos fueron llevados hasta este municipio con falsas promesas de trabajo desde Soacha, a 630 kilómetros del sitio de su ejecución. Estaban Blanca Monroy, madre de Julián (19), a quien quisieron hacer pasar como extorsionista de ganaderos.

Las madres ya habían estado años antes en Ocaña para recuperar los cuerpos de sus hijos. 

Beatriz Méndez, también integrante de la organización, cuenta a la AFP que aún no sabe quién mató a su hijo Weimar Castro y a su sobrino Edward Rincón en 2004. Ruega verdad aunque se "rompa por dentro" y la "haga llorar".

Ambos de 19 años, salieron un día a la calle para no regresar jamás. Un familiar de Beatriz escuchó en una radio que dos guerrilleros habían caído en un enfrentamiento con el ejército en una montaña.

Siguiendo esa pista, encontraron los cuerpos de Weimar con 16 disparos y el de Edward con 42 perforaciones de proyectil. Fueron "disfrazados" con camuflados. Ambos estaban desempleados.

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Beatriz se tatuó el rostro de Weimar en el brazo izquierdo. Todavía lo recuerda bailando cumbias colombianas o recitando poemas. Sospecha que las tropas los mataron con la complicidad de un grupo paramilitar.

"Quiero saber la verdad y quiero tenerlos [a los culpables] de frente", anhela.

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