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Panel de cámara ratifica desacato de 2 funcionarios de Trump

El gobierno ha entregado más de 17.000 páginas de documentos y Ross declaró durante más de siete horas en marzo

Por  AP

El congresista Jim Jordan, izquierda, el republicano de mayor rango en la Comisión Supervisora de la cámara baja, escucha al demócrata Elijah Cummings, derecha, que preside al panel en una votación de 24-15 a favor de declarar en desacato a dos altos funcionarios del gobierno de Doland Trump, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 12 de junio de 2019. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El congresista Jim Jordan, izquierda, el republicano de mayor rango en la Comisión Supervisora de la cámara baja, escucha al demócrata Elijah Cummings, derecha, que preside al panel en una votación de 24-15 a favor de declarar en desacato a dos altos funcionarios del gobierno de Doland Trump, en el Capitolio, en Washington, el miércoles 12 de junio de 2019. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

WASHINGTON (AP) — Una comisión de la Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de declarar en desacato al Congreso a dos funcionarios de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump por no cumplir la orden de entregar documentos relacionados con la decisión de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020.

La Comisión Supervisora de la cámara baja, controlada por los demócratas, votó 24-15 a favor de presentar medidas por desacato contra el secretario de Justicia, William Barr, y el de Comercio, Wilbur Ross. El congresista Justin Amash, representante por Michigan y quien ha manifestado su apoyo a una investigación para una posible destitución de Trump, fue el único republicano que se sumó a los demócratas.

El resultado de la votación envía las medidas por desacato al pleno de la Cámara, si bien los líderes congresistas podrían acudir directamente a la corte en un intento por obligar el cumplimiento de las citaciones bajo una resolución aprobada previamente esta semana.

Las acciones del comité representan un incremento en los esfuerzos de los demócratas para usar su mayoría en la cámara baja para investigar agresivamente las labores internas del gobierno de Trump.

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La votación se llevó a cabo mientras la Casa Blanca hizo valer el privilegio del poder ejecutivo sobre el tema. El Departamento de Justicia indicó que los funcionarios se habían “comprometido en esfuerzos de buena fe” para satisfacer las necesidades de la comisión y catalogó la votación sobre el desacato como “innecesaria y prematura”.

No queda claro que sucederá a continuación. Una resolución aprobada el martes por la Cámara de Representantes otorga poderes al comité para demandar a funcionarios de alto rango del gobierno de Trump a fin de obligarlos a cumplir con citaciones del Congreso sin necesidad de someterlo a votación en el pleno de la cámara baja, siempre y cuando se cuente con la aprobación de un grupo bipartidista de líderes de la Cámara.

Las medidas para declarar en desacato a Barr y Ross en el asunto del censo representarían un golpe político pero no necesariamente generarían una sanción, dado que es poco probable que ambos funcionarios sean arrestados o encarcelados.

Los demócratas temen que la pregunta sobre ciudadanía reduzca la participación de comunidades de gran población inmigrante, lo que perjudica su representación y el acceso a fondos federales. Han pedido documentos específicos para determinar por qué Ross añadió la pregunta en el censo de 2020 y aseguran que Washington se niega a entregarlos pese a las constantes peticiones para que lo haga.

El gobierno ha entregado más de 17.000 páginas de documentos y Ross declaró durante más de siete horas en marzo. El Departamento de Justicia afirmó que dos altos funcionarios declararon ante colaboradores de la comisión y que estaba reuniendo decenas de miles de páginas de documentos para entregarlos.

Cummings rechazó los argumentos y dijo que la mayoría de los documentos entregados a la comisión ya eran de conocimiento público.

La negativa del gobierno a entregar los documentos solicitados “no parece ser un esfuerzo para cumplir de buena fe con la supervisión legislativa”, dijo Cummings. “Al contrario, parece ser parte de una política de desafiar la autoridad del Congreso”.