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Piden suspender moción de destitución sobre el presidente Pedro Castillo en Perú

La figura de la "incapacidad moral permanente" ya fue utilizada por la oposición para destituir en noviembre de 2020 al expresidente Martín Vizcarra

Por EFE

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El abogado y exministro de Defensa de Perú Walter Ayala presentó un recurso ante la Justicia en el que solicita suspender la moción de destitución promovida por la oposición en el Parlamento para destituir al presidente Pedro Castillo.

Ayala, que formó parte del Gobierno de Castillo hasta hace dos semanas, recurrió al Poder Judicial mediante esta acción de amparo para lograr una medida cautelar que suspenda la moción, hasta que se defina el concepto de "incapacidad moral permanente" esgrimido por la oposición para intentar sacar del poder al mandatario.

El argumento del letrado es que la oposición malinterpreta la Constitución de Perú la "incapacidad moral permanente", contemplada en la carta magna como una de las causas por las que el Congreso puede vacar al jefe de Estado.

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Para Ayala y numerosos especialistas, este concepto se refiere a una incapacidad mental irreversible del presidente, y no por una carencia de ética como sostienen los promotores de la destitución presidencial.

"Está poniendo como fundamento la conducta del presidente. Es algo arbitrario, algo ilegal", argumentó Ayala en declaraciones a la emisora de radio RPP Noticias.

Para el abogado, "se está vulnerando el principio de legalidad y de separación de poderes, así como el derecho del voto popular de todos los ciudadanos".

Recientes precedentes

La figura de la "incapacidad moral permanente" ya fue utilizada por la oposición para destituir en noviembre de 2020 al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y también lo iba a ser con su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que prefirió dimitir antes de ser vacado por el Congreso.

En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda para interpretar el concepto de la "incapacidad moral permanente" ya que, a criterio de la mayoría de los magistrados, no tenía sentido hacerlo cuando Vizcarra ya había sido sustituido.

Sin embargo, en caso de que el Tribunal Constitucional hubiese cerrado la discusión sobre esta polémica figura, podría haberse evitado nuevas situaciones similares como la actual.

"El Parlamento no puede alejarse de l realidad. No es una isla. El control constitucional debe darse dentro del mismo Parlamento", indicó Ayala.

"Esperemos que en los próximos días se dé la medida cautelar para evitar la ilegalidad y arbitrariedad con la que actúa el Parlamento", añadió.

Crea "desestabilización"

En el mismo sentido se manifestó este miércoles la primera ministra Mirtha Vásquez, quien criticó que la oposición utilice la moción de "vacancia" (destitución) para hacer que el presidente acuda al hemiciclo a dar explicaciones.

"La moción no tiene los argumentos suficientes y no debería ser este el procedimiento por el cual se quiera pedir explicaciones a un presidente de la República", opinó Vásquez.

La jefa del Ejecutivo también consideró que la moción para destituir a Castillo crea desestabilización en el país en un momento crítico donde el Gobierno está centrado en atender la emergencia del terremoto de 7,5 grados de magnitud en la escala de Richter, que dejó un muerto, 17 heridos y más de 5.200 damnificados.

"Hoy lo que necesitamos en el Estado son condiciones de gobernabilidad para atender las urgencias que tienen los ciudadanos", apostilló.

Pendiente de debate

La moción para destituir a Castillo es promovida en el Congreso por tres partidos de derecha, entre ellos el fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular y el neoliberal Avanza País.

Tras haber reunido las firmas suficientes para ser presentada, ahora el pleno del Parlamento deberá debatir y votar su admisión a trámite, para lo que se necesitan 52 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo peruano, lo que es complicado que obtenga.

De lograrlo, más difícil será todavía que reuniese los 87 votos necesarios para ser aprobada y dejar sin investidura al jefe de Estado. 

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