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Presidente de Perú pide al Congreso remover a fiscal general

El proyecto del presidente para apartar a Chávarry es uno de los últimos capítulos de una relación que empezó deteriorada

Por: AP

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, a la derecha, habla al lado del primer ministro César Villanueva en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 1 de enero de 2019. Vizcarra convocará al congreso de Perú para declarar la oficina del fiscal general en estado de emergencia después de que el fiscal general Pedro Chavarry desmanteló abruptamente a un equipo que investigaba a varios expresidentes sospechados de corrupción. (AP Foto / Martín Mejía)

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, a la derecha, habla al lado del primer ministro César Villanueva en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el martes 1 de enero de 2019. Vizcarra convocará al congreso de Perú para declarar la oficina del fiscal general en estado de emergencia después de que el fiscal general Pedro Chavarry desmanteló abruptamente a un equipo que investigaba a varios expresidentes sospechados de corrupción. (AP Foto / Martín Mejía)

LIMA (AP) — El presidente peruano Martín Vizcarra pidió el miércoles al Congreso aprobar una ley para remover al fiscal general Pedro Chávarry luego que el lunes el máximo fiscal destituyera a dos investigadores que indagaban a la élite política implicada en sobornos de la empresa Odebrecht, provocando protestas en varias ciudades del país.

Vizcarra caminó el miércoles rodeado de sus guardaespaldas y unas dos mil personas que gritaban “¡fuera Chávarry!” hasta el parlamento donde entregó su proyecto de ley mientras el controvertido fiscal general daba marcha atrás a su destitución y reponía a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El primero es el coordinador del equipo del caso Odebrecht y el segundo investiga a la opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.

Al salir del parlamento, el presidente dijo a periodistas que se alegraba de la restitución de los fiscales pero comentó que su iniciativa “ya ingresó” al Congreso. El proyecto de ley también propone que un fiscal general transitorio dirija el Ministerio Público hasta que el consejo elector de magistrados elija a un nuevo fiscal general.

Chávarry, de 67 años, no asistió el miércoles al inicio del año judicial en Perú, un evento donde por tradición los fiscales generales suelen estar presentes por décadas. El retroceso de Chávarry logró neutralizar una impugnación que los fiscales ahora repuestos habían solicitado y detuvo una reunión de fiscales supremos que iban a deliberar la apelación.

El fiscal general parecía perder apoyo de los partidos de Keiko Fujimori y del expresidente García, pero la aprobación del proyecto es incierta en un parlamento opositor dominado por el partido de Fujimori y apoyado por el de García.

Vizcarra pidió el martes que el proyecto sea tratado con urgencia “para no tener que llegar hasta una cuestión de confianza”. Una negativa del legislativo podría habilitar al mandatario a un cierre del parlamento.

La lideresa opositora, quien está presa de forma preventiva por 36 meses debido al pedido del fiscal Pérez, dijo en su cuenta de Twitter que era necesario iniciar una “reforma integral” de la Fiscalía por lo que invocó a su partido a “apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia”. Jorge del Castillo, legislador del partido de García, dijo que la “renuncia” de Chávarry “ayudaría a impedir confrontaciones” inconvenientes para el país. El presidente de la Corte Suprema, José Lecaros, le pidió que “deponiendo sus intereses personales”, solucione los problemas internos de la fiscalía.

El fiscal general asumió en julio en medio de fuertes cuestionamientos por no haber alcanzado el puntaje mínimo para acceder al máximo puesto del Ministerio Público. Tres acusaciones constitucionales en su contra en el parlamento están detenidas desde octubre porque el partido de Fujimori, mayoritario en el congreso, lo protege.

En un caso inédito, una fiscal del principal puerto peruano lo ha incluido en un informe como integrante de un grupo criminal conformado por magistrados. En julio se difundió un audio de una conversación de Chávarry donde planificaba la salida de un funcionario incómodo a su gestión junto al entonces juez supremo César Hinostroza, ahora preso en Madrid, a donde se fugó luego de ser acusado de dirigir la red criminal de funcionarios judiciales que usaban su poder para torcer la justicia a cambio de dinero o de otros favores.

El proyecto del presidente para apartar a Chávarry es uno de los últimos capítulos de una relación que empezó deteriorada. Jamás coincidieron en actividades públicas e incluso Vizcarra no asistió a la juramentación del fiscal general.

El sábado el presidente afirmó que la fiscalía bajo la dirección de Chávarry era una institución que “no tiene la solidez que se requiere para trabajar contra la corrupción” y poco antes comentó en un programa televisivo que el fiscal general no era “la persona más idónea” para dirigir esa entidad.

El rechazo a Chávarry se disparó el lunes, cuatro horas antes del Año Nuevo, cuando anunció en una inusual conferencia de prensa la remoción de los fiscales Vela y Pérez. El único motivo para la salida de ambos funcionarios, según Chávarry, fue que Pérez cuestionó en octubre su elección como fiscal general y que Vela avaló el cuestionamiento.

En un país donde los peruanos miran con desprecio a los magistrados y a veces los consideran indolentes o corruptos, los fiscales Vela y Pérez son populares. Los manifestantes incluso llevan banderas peruanas con el rostro de Pérez impreso en tinta negra. Algunas radios lo nombraron hombre del año el último día de 2018 cuando fue removido.

La destitución provocó que Vizcarra retornara de urgencia de Brasil, a donde había viajado para asistir a la juramentación del presidente de ese país --Jair Bolsonaro--, y cancelara una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Los dos fiscales que habían sido destituidos afirmaron que iban a desobedecer a Chávarry y que no iban a entregar los documentos de sus investigaciones.

La investigación del equipo especial de fiscales peruanos abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú. Los casos más importantes son las investigaciones contra Fujimori y contra el expresidente García, quien tiene prohibido salir del país por 18 meses mientras es investigado.

Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que García está investigado por recibir 100.000 dólares de un fondo monetario usado para pagar coimas. García incluso trató de eludir la justicia al solicitar un fallido asilo en la embajada de Uruguay.

La destitución de los fiscales ha puesto en peligro el acuerdo firmado por los investigadores con Odebrecht en diciembre. Los fiscales iban a recibir todo tipo de información de los sistemas informáticos encriptados llamados “MyWebDay” y “Drousys” que Odebrecht usaba para proteger sus sobornos. La constructora también se había comprometido en pagar 181 millones de dólares en 15 años como reparación.

Pese a las fiestas de Año Nuevo, la fugaz destitución de los dos fiscales del caso Odebrecht generó protestas por dos días consecutivos en varias ciudades de Perú, así como preocupación de los fiscales que investigan la corrupción de Odebrecht en Brasil, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la organización Transparencia Internacional.

Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

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