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Un hombre podría pasar 250 años en la cárcel explotar a cientos de indocumentados

Propietario de empresa de Quarryville suministró cientos de trabajadores a granjas de hongos en el condado de Chester

Por  Ivette Vazquez

Un hombre podría pasar 250 años en la cárcel explotar a cientos de indocumentados(Foto: EFE)

Un hombre podría pasar 250 años en la cárcel explotar a cientos de indocumentados | Foto: EFE

Pensilvania.- La fiscal federal interina Jennifer Arbittier Williams anunció que 4 hombres fueron arrestados en una operación de derribo realizada la mañana de este viernes, luego de su acusación formal por los cargos de conspiración para transportar y transportar a personas que no están legalmente presentes en los Estados Unidos.

Se trata de Miguel Morales, de 48 años, de Quarryville, PA; José Morales, 39, también de Quarryville, PA; Oscar Carrillo-Perez, 35, de West Grove, PA; y Santiago García-Ramírez, 44, de Landenberg, PA.

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Además, Morales fue acusado de realizar declaraciones falsas. En una acusación por separado, Miguel Morales y Lawrence Urena, de 49 años, de Spring Lake, Carolina del Norte (quien también fue arrestado) fueron acusados de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y no recaudar ni pagar los impuestos sobre la nómina.

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Según la primera acusación formal, Miguel Morales, propietario y operador de Morales Contractor con sede en Pensilvania, proporcionó mano de obra contratada a varias granjas de hongos en el condado de Chester, Pensilvania. Estas fincas eran negocios independientes de Morales ”. 

De ser declarado, los acusados podrían enfrentar las siguientes posibles sentencias: Miguel Morales enfrenta una sentencia máxima posible de 250 años de prisión y una multa de $ 8,750,000;.

La fuerza laboral que proporcionó Morales estaba compuesta por cientos de trabajadores indocumentados. 

Morales proporcionó a algunos de estos trabajadores vivienda en 10 propiedades que posee en los condados de Lancaster y Chester, y transporte hacia y desde las granjas donde trabajaban, cobrando a esos trabajadores tanto el alquiler como el transporte.

La acusación formal alega que, al menos desde 2018, Miguel Morales, Carrillo-Pérez, García-Ramírez y José Morales conspiraron para transportar a estos trabajadores indocumentados que se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos. 

La acusación también alega que Miguel Morales contrató a personas independientemente de su estado migratorio, contrató a extranjeros indocumentados que no estaban legalmente presentes en los Estados Unidos, no presentó el Formulario W-2 de declaraciones de salarios e impuestos y no recaudó ni pagó al IRS impuestos sobre la nómina para su negocio.

Los acusados Carrillo Pérez, García Ramírez y José Morales presuntamente participaron en la conspiración al conducir vehículos registrados a nombre de Miguel Morales para transportar a los trabajadores indocumentados entre sus residencias y las fincas donde trabajaban para Morales Contractor.

Entregaban cheques de pago a los trabajadores, y llevándolos a La Latina Intemational Market en Oxford, PA, donde podrían cobrar sus cheques de pago y transferir dinero a países extranjeros. La Latina también fue operada por Miguel Morales. 

Los cargos restantes de la acusación acusan a todos los acusados de transportar personas indocumentadas a través de las fronteras estatales en varias fechas.

La segunda acusación formal alega que Miguel Morales y Lawrence Urena conspiraron para obstruir al IRS en su evaluación legal y recaudación de impuestos por desempleo. Según esta acusación formal, Urena operaba Urena Accounting, que era un negocio de preparación de impuestos que manejaba el trabajo contable de Morales, incluida la nómina semanal. 

Para el año calendario 2020, Morales pagó salarios de $ 3,644,142 a los empleados, muchos de los cuales ganaban $ 10 por hora, lo que le obligaba a retener y pagar al IRS aproximadamente $ 921,968 en impuestos sobre la nómina. 

Sin embargo, Morales supuestamente no pagó impuestos sobre el empleo al IRS en 2020. Además, la acusación también alega que de 2015 a 2018, Morales pagó al IRS solo una fracción de lo que debía, lo que resultó en una pérdida fiscal de aproximadamente $ 2 millones.

Según la acusación, Miguel Morales y los otros acusados sabían que estaban empleando a trabajadores indocumentados como parte de un plan de varios años para evitar pagar su parte justa de impuestos a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal interino Williams.

Este caso trata de explotar a los menos afortunados por pura codicia. Este tipo de fraude no será tolerado en este Distrito, y estos acusados ahora tendrán que responder a estos cargos 

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Lawrence Urena enfrenta una sentencia máxima posible de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares; Carrillo-Pérez enfrenta una sentencia máxima posible de 65 años de prisión, una multa de $ 1,750,000.

García-Ramírez enfrenta una sentencia máxima posible de 85 años de prisión y una multa de $ 2,250,000; y José Morales enfrenta una sentencia máxima posible de 15 años de prisión, $ 500,000 y un período de libertad supervisada de 3 años.

 
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