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A 6 meses del paso del huracán María, Puerto Rico pide ayuda

La empresa eléctrica también enfrenta acusaciones de corrupción y mala gestión

Por: AP

En esta imagen, tomada el 13 de marzo de 2018, Antonio Morales, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 93 años, descansa en una casa de concreto de una única planta y sin agua corriente en Corozal, Puerto Rico. Morales es uno de los miles de boricuas que siguen esperando que se recupere el suministro de agua y electricidad casi seis meses después del paso del huracán María. (AP Foto/Carlos Giusti)

En esta imagen, tomada el 13 de marzo de 2018, Antonio Morales, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 93 años, descansa en una casa de concreto de una única planta y sin agua corriente en Corozal, Puerto Rico. Morales es uno de los miles de boricuas que siguen esperando que se recupere el suministro de agua y electricidad casi seis meses después del paso del huracán María. (AP Foto/Carlos Giusti)

COROZAL, Puerto Rico (AP) — El huracán María arrasó los postes del tendido eléctrico en este pueblo platanero de las montañas del centro de Puerto Rico, dejando a decenas de miles de personas sin electricidad ni agua corriente. Desesperados, los residentes del Barrio Maná de la localidad pidieron a las autoridades federales un generador para poder sacar agua del pozo que abastecer a las 130 familias del vecindario.

Eso ocurrió hace casi seis meses. Hoy, como todos en Barrio Maná, Antonio Morales, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 93 años, duerme en una casa de concreto de una única planta y sin agua corriente, con el piso cubierto por garrafas y baldes de plástico que su enfermera utiliza para bañarlo.

En el radar del gobierno “ni aparece Barrio Maná en Fortaleza”, dijo la nuera de Morales, María Pérez, con los ojos llenos de lágrimas. “Aquí no vino nadie prácticamente”.

Avivado por la energía que le proporcionó su paso por un mar más cálido que de costumbre, el huracán María dejó unos 100.000 millones de dólares en daños a su paso por Puerto Rico el 20 de septiembre, según el gobierno del territorio estadounidense. En noviembre, Puerto Rico pidió al Congreso 94.000 millones de dólares para cubrir una serie de emergencias, desde recuperar el servicio eléctrico a reparar las casas.

Los legisladores estadounidenses asignaron una ayuda directa de 23.000 millones de dólares, una respuesta que algunos funcionarios boricuas calificaron de inadecuada. Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) ha gastado unos 6.000 millones de dólares de su fondo permanente de emergencia en la isla desde el huracán.

En vísperas de que se cumplan seis meses del paso del huracán de categoría 4, solo una parte de los 23.000 millones de dólares consignados por el Congreso se ha invertido realmente en Puerto Rico. En febrero, el Departamento del Tesoro redujo un préstamo de 4.700 millones de dólares aprobado el año pasado para Texas, Florida, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico a 2.000 millones en el caso del territorio boricua, sin que se haya desembolsado todavía nada. Y los programas financiados con dinero de la FEMA, como generadores para pozos rurales, todavía no hay llegado a miles de puertorriqueños como los residentes de Barrio Maná, ciudadanos estadounidenses que viven en condiciones del tercer mundo medio año después de un desastre natural.

Funcionarios boricuas señalaron que el gobierno de Trump descuida al territorio porque no tiene voto en el Congreso ni en las elecciones presidenciales. La Casa Blanca ha culpado a Puerto Rico por crear demoras en el proceso de cobro sin ofrecer más detalles.

En tanto, decenas de miles de puertorriqueños siguen esperando para tener un techo definitivo sobre sus cabezas, agua o electricidad mientras se acerca una nueva temporada de huracanes en el Atlántico.

“Si nos pasamos a ser un estado, ciertamente la respuesta hubiese sido mucho más rápida”, manifestó Omar Marrero, director de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico. De los 23.000 millones de dólares comprometidos, las autoridades de la isla recibieron solo 1.270 millones de dólares para su programa de asistencia nutricional federal, y 430 millones para ayudar a reparar las infraestructuras públicas, explicó.

La semana pasada, 58 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, exigiendo que se agilice el proceso de préstamo y que se ofrezca el monto total.

“En un momento en el que la población de la isla está sufriendo, es inconcebible no brindar la máxima ayuda a ciudadanos estadounidenses que lo necesitan”, escribieron. “Desafortunadamente, el Departamento del Tesoro parece más preocupado por la revolución del préstamo que por proporcionar liquidez de emergencia a una isla golpeada por dos huracanes y 11 años de recesión”.

Puerto Rico sigue sumido en una larga crisis económica y lucha por reestructurar una parte de los 73.000 millones de deuda pública acumulados luego de años de mala gestión, corrupción y por la eliminación de ventajas fiscales instauradas hace décadas. La respuesta a María desencadenó nuevas acusaciones de corrupción y mala gestión de la ayuda federal.

Mnuchin declaró ante un subcomité de la Cámara de Representantes que el gobierno de Puerto Rico estaba demorando el proceso con demandas poco razonables que se negó a detallar.

“Puedo asegurarles que tengo un equipo en el Tesoro que está listo para prestarles el dinero de inmediato”, señaló. “Nosotros no lo estamos reteniendo”.

María destruyó unas 75.000 casas y provocó daños en 300.000 más, generando desperfectos estimados en 31.000 millones de dólares solo en viviendas, dijo el secretario de Vivienda de la isla, Fernando Gil.

La FEMA concedió más de 1.000 millones de dólares para pagar alquileres, reparar casas y otros gastos, explicó su vocero, Daniel Llargues. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos instaló más de 59.000 lonas para las casi 60.000 viviendas contempladas en el proyecto, según la jefa de asuntos públicos Jacqueline Tate.

Pero miles de millones de dólares siguen pendientes, entre ellos 1.500 de fondos del Congreso que se comprometieron el mes pasado para subvencionar bloques de desarrollo comunitario para el Departamento de Vivienda de Puerto Rico.

“Si tuviésemos poder en el Congreso (...) me pregunto si alguna agencia federal nos trataría como ciudadanos de segunda clase”, apuntó Gil. “Eso no se lo están haciendo a Texas. No se lo están haciendo a Florida”.

En Barrio Maná, los vecinos limpiaron una pequeña parcela de terreno hace cinco meses, tras reunirse con funcionarios federales que prometieron enviar un generador para sacar agua del pozo del vecindario.

“Después de eso, ya no los vimos nada”, apuntó Enemías Rivera, el administrador del pozo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo que está a la espera de obtener el permiso de la FEMA para instalar el generador, pero ésta sostiene que no ha recibido una petición del ejecutivo del gobernador Ricardo Rosselló al respecto. Las autoridades de la localidad de Corozal, por su parte, no devolvieron las llamadas telefónicas para pedir comentarios.

Jenniffer González, representante de Puerto Rico en el Congreso y portavoz de Rosselló, no respondió a una solicitud de declaraciones.

La FEMA dijo en un comunicado que sigue trabajando con el gobierno de Puerto Rico y otras agencias y grupos, y señaló que la respuesta al huracán en la isla fue la mayor misión humanitaria aérea en la historia de la nación.

“Luego de que dos catastróficos huracanes golpearon la isla hace seis meses, somos conscientes de todavía hay necesidades no cubiertas ya que la ayuda federal no está pensada para el pueblo, sino para que los sobrevivientes empiecen su recuperación”, explicó el departamento.

A seis meses del paso de María, el 97% de los clientes tienen suministro de agua y el 91% de los usuarios tienen electricidad. Pero en las zonas rurales que siguen a oscuras, los responsables de la Autoridad de Energía Eléctrica están valorando la instalación de paneles solares con baterías financiados por FEMA como medida de alivio en el corto plazo, dijo el director interino de la empresa, Justo González. Al mismo tiempo, la compañía sufre apagones casi semanales. El más reciente, ocurrido el lunes, afectó a unos 50.000 clientes y, hace dos semanas, 970.000 personas se quedaron sin luz.

La empresa eléctrica también enfrenta acusaciones de corrupción y mala gestión. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes solicitó el lunes documentación relacionada con cualquier pesquisa sobre las quejas, incluyendo las que apuntan que los operarios aceptaron sobornos para reparar antes el servicio en clubes de striptease y que algunos devolvieron el suministro a sus casas antes que al mayor hospital público del país o al aeropuerto internacional. La compañía dijo que no recibió quejas ni detalles al respecto, pero que investigará si alguien le presenta información.

Pérez y sus vecinos dicen que perdieron la esperanza de conseguir un generador para su pozo.

“Nos tienen a todos abandonados”, declaró José Antonio Rosado, cuya esposa necesita diálisis tres veces a la semana y depende de un conversor de electricidad donado por una ONG mientras esperan a que regresen la electricidad y el agua. “No apareció la ayuda nunca, nunca, nunca”.

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