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Derechos y restricciones

RATIO LEGIS

Quien quiera que haya descendido desde la reflexión académica al terreno de la práctica puede dar testimonio del abismo que separa a los postulados de la teoría de la prosaica realidad. El derecho de los libros suele ser claro y sin contradicciones, pero el derecho en acto produce muchas veces dudas y perplejidades. El cielo de los principios generales se presenta claro y estrellado. Siempre se ha dicho, y no sin razón, que el diablo habita en los detalles.

Salvo el derecho a no ser sometido a tortura, así como a penas o tratos inhumanos y degradantes, la doctrina constitucional de prácticamente todas las democracias preconiza que no existen derechos absolutos. Esto significa que todos ellos admiten, en alguna medida, limitaciones a su ejercicio. En nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la procedencia de dichas restricciones que, para ser válidas, deben cumplir con varios requisitos. En primer lugar, no las puede decretar la autoridad administrativa de forma autónoma, sino que deben estar establecidas en una ley formal y material (principio de reserva de ley), dictada en atención al interés general; y, por otro lado, deben superar una prueba o test de proporcionalidad, esto es, debe demostrarse que dichas restricciones son necesarias, que persiguen un finalidad constitucionalmente legítima y que son razonables y ponderables en una sociedad democrática.

Existe una natural pulsión que nos inclina a pensar que los derechos sólo deben servir a fines loables y decentes, y a rechazar que alguien puede prevalerse de ellos por motivos oprobiosos o deleznables. Debemos prevenirnos de esta actitud, que detrás de la apariencia de buena causa, puede socavar la base que sostiene los derechos, que en su universalidad nos amparan a todos. El Sol de los derechos brilla para fieles e infieles, justos e injustos, aunque no a todos caliente igual.

La historia demuestra como bajo el pretexto del combate eficaz del delito, en cierta coyunturas se han mermado garantías que protegen a los ciudadanos del abuso y la arbitrariedad de la autoridad, bajo el falaz argumento que estas restricciones sólo se dirigen a los delincuentes y no a las personas honradas. Se pasa por alto un elemental detalle: que los derechos atañen a todos y que sin un juicio justo no es posible distinguir a un culpable de un inocente. Todos desearíamos que la libertad de expresión se usara para llevar a la deliberación auténticos temas que enriquezcan la discusión y la agenda pública. Pero el precio que debemos pagar por ese derecho es que también se use para fines fútiles o de mal gusto, o que incluso pueden acercarse a las orillas de la ilicitud. Puede parecer paradójico, pero de esas paradojas depende la democracia.

Entre los juristas se dice que los casos difíciles sientan mala jurisprudencia, y eso es muy cierto. Tratar de abordar un tema desde sus aspectos más extremosos nos coloca en el riesgo de extraviar el centro. Y sin embargo, llevar un caso hasta sus límites permite definir con claridad sus contornos. Cuando no se excluye a nadie del ejercicio de los derechos, es entonces -y sólo entonces- cuando los ciudadanos honrados pueden dormir en paz. Tengan salud.

[email protected] twitter: @enriqueinzunza