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¿Acto de justicia o de circo?

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Tres años del "Gobierno del Cambio", tuvieron que transcurrir para que la Procuraduría General de Justicia del Estado, pudiera sustentar las acusaciones por "desempeño irregular de la Función Pública", en contra del exsecretario de Salud, Héctor Ponce y de su administrador, Issac Lugo.

Se trata, según el expediente, de disponer irregularmente de 16 millones de pesos de programas federales, situación, al decir de la fuente, que quedó zanjada parcialmente con la devolución de los recursos y que atenúa la penalidad a la que hubiera sido sujeto en caso contrario, motivo por el que quedó libre al cubrir además, una ínfima fianza por cinco mil pesos.

En esas condiciones, integrada y turnada a la autoridad competente la averiguación previa, el Juzgado Quinto de lo Penal liberó orden de aprehensión y el consecuente auto de formal prisión, que no tuvo mayores efectos, al pagar el indiciado una fianza de cinco mil pesos para quedar en libertad.

Llama la atención que el doctor Ponce no esperó que la Ministerial procediera a detenerlo y se presentó por su propio pie a declarar y establecer su defensa, lo que dio pábulo a que el juez de la causa, al considerar que el delito que se le imputa no es grave, le fijó una caución mínima y enfrentará el juicio sin pisar la cárcel.

No fue el caso del otro inculpado, Issac Lugo, también involucrado en las acusaciones y que al no acudir a declarar, ni estar localizable, adquiere calidad de prófugo para la justicia.

Por las características de las irregularidades que se imputa a los exservidores públicos que ha sido rodeado de una fuerte dosis de espectacularidad, parece tener el caso más efectos mediáticos que efectivos en el combate a la corrupción que, supuestamente, se persigue con la consignación de Héctor Ponce e Issac Lugo ante el juzgado penal.

Por el resultado que tuvo la orden de aprehensión que ni siquiera se ejerció, pues el acusado se presentó voluntariamente, su inmediata liberación con el pago de cinco mil pesos, la opinión pública puede juzgar a su vez, que se trata más bien de un evento mediático, que el "ánimo justiciero" del actual gobierno de Sinaloa.