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* INE: misma gata electoral revolcada * No reorganizan sistema de votos

INDICADOR POLÍTICO

Si se revisan los nombres de los suspirantes a consejeros electorales del nuevo Instituto Nacional Electoral, en realidad no hubo sorpresas: es una vuelta de omelette del viejo IFE. La fundación del INE y la distribución de consejerías fueron negociaciones del PRI con el PAN y el PRD con miras a las leyes secundarias.

La fundación del INE era la oportunidad para depurar al IFE de su gigantismo, de su afán controlador, de su falta de sensibilidad electoral, de su partidocracia y de sus errores en procesos electorales posteriores al 2000. Sin embargo, ni los partidos ni la sociedad pareció muy interesada en rehacer el IFE.

El IFE tuvo un corto tiempo de funcionamiento ideal: de la reforma política de 1996 que sacó al gobierno de la estructura directiva y la dejó en manos de consejeros ciudadanos a las elecciones del 2000; la sustitución de José Woldenberg por la terminación de su periodo cayó en el pozo de la partidocracia: Luis Carlos Ugalde fue producto de una negociación con el PRI y sobre todo con la maestra Elba Esther Gordillo como diputada y secretaria general del tricolor y su tropiezo fue el proceso electoral de 2006 por errores personales, falta de mecanismos ante elecciones competidas y la estridencia de López Obrador.

A partir del 2003 la configuración de los consejeros del IFE ha respondido al regreso de los partidos al seno del organismo en su función de parte y jueces. El IFE mexicano es el único en el mundo en el que partidos y el poder legislativo tiene presencia --con voz y sin voto-- en su estructura de debates para decisiones. Por tanto, todas las elecciones federales y ahora estatales estarán contaminadas por los intereses partidistas.

Lo grave del asunto, como se ha señalado reiteradamente aquí en Indicador Político radica en el hecho de que los partidos que compiten por posiciones de poder en procesos electorales tienen una sobrerrepresentación en los órganos electorales: los consejeros ciudadanos son designados por cuotas de poder, los partidos como tales tienen representantes en el consejo general y representantes del legislativo tienen otros sillones pero en función de su representación partidista.

Mientras el organismo electoral no se sacuda a los partidos, las decisiones estarán contaminadas. Aunque lo más grave del asunto radica en el hecho de que algunos consejeros fueron designados por cuota a un partido, pero por intereses de algún tipo --promesas de cargos públicos o reelecciones-- podrían pasarse a otro partido. Por ejemplo, el consejero Leonardo Valdés fue designado como cuota de poder del PRD en el 2008 pero en el 2012 falló en contra de las denuncias de López Obrador, aunque ya el PRD fracturado.

El organismo electoral debiera estar al margen de los posicionamientos mediáticos, de los intereses partidistas y de pronunciamientos políticos. Los consejeros debieran ser aprobados por instancias ajenas a los partidos, inclusive por un mecanismo que la Constitución de Cádiz de 1812 había considerado en algunos nombramientos: la suerte política: los nombres en una urna y la tarjeta sacada al azar.

La transición política mexicana, a pesar de sus saldos electorales más o menos aceptados, sigue con el pasivo de las elecciones libres. EL IFE y ahora el INE nacieron con vicios implícitos en los intereses de los encargados de la aprobación de nombramientos. En la reforma política de 1976 hubo una configuración de consejeros con peso ciudadano sólido y el gobierno de Ernesto Zedillo --y esta es la parte más importante-- decidió sacar las manos del proceso, por lo que el resultado electoral del 2000 recibió pocas impugnaciones.

En el 2006 se notaron las manos del presidente Vicente Fox para beneficiar a Felipe Calderón y afectar a López Obrador y en el 2012 el PRI revivió su aparato electoral sin que el IFE metiera las manos. En ambos casos pudieron no haber existido fraudes electorales, pero tampoco hubo limpieza total. En todo caso, la dimensión de las elecciones se mide por el tamaño de las protestas, aunque hay que descontar que López Obrador siempre dirá que hubo fraude y sólo reconocerá limpieza electoral el día que gane las elecciones presidenciales.

El nuevo consejo electoral del nuevo INE fue producto de un acuerdo entre los partidos y propiciarán la repetición de los cuatro consejeros electorales que aún no han terminado sus gestiones y que habían sido designados en contexto del gobierno de Felipe Calderón. Por tanto, habrá que ver su capacidad no tanto para organizar elecciones --existe un cuadro profesional de funcionarios que ayuda a disminuir los espacios al fraude, pero no a eliminarlo--, sino para resistir los aparatos electorales de los partidos que ahora se ven más inclinados a reproducir los vicios priistas que a garantizar la democracia electoral.

El INE fue producto de la negociación del PRI con el PAN para aprobar la reforma energética y el consejo general salió de una negociación del PRI con el PRD para avalar las leyes secundarias. Lo malo es que le tocará manejar las elecciones del 2015 en las que el PRI viene de regreso a la mayoría y las presidenciales de 2018 en las que competirá López Obrador. Lo de menos es que de un resultado y la gente lo vea con indiferencias, sino que el INBE debe legalizar las elecciones como proceso democrático de relevo de autoridades.

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