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* Telecomunicaciones: debate otra vez * Una nueva TV y no ajustes de cuentas

INDICADOR POLÍTICO

El debate sobre las nuevas leyes de telecomunicaciones y las nuevas reglas para el funcionamiento de la televisión ha entrado en el dilema de la defensa de intereses entre las partes o la configuración de un Estado vigilante en nombre de la sociedad.

El gran avance logrado en la reforma constitucional amenaza con deteriorarse en las leyes reglamentarias. Los legisladores radicales que mantienen agendas privadas contra las televisoras —sobre todo el diputado panista Javier Corral Jurado— quieren apretar más en las leyes secundarias.

En este contexto, la reforma las telecomunicaciones podría entrar en una fase de debate adicional sobre lo ya acordado, pero más por las agendas dentro de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD en las dos cámaras que por un replanteamiento del tema.

El debate pudo haber sido enfriado el martes en una reunión en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión por su presidente, Tristán Canales. Los dardos del panista Corral y de la diputada perredista y exfuncionaria calderonista Purificación Carpinteyro no encontraron la polémica porque el asunto es hoy legislativo, se discute en las cámaras y lo decidirán los acuerdos con los partidos.

El espacio del debate de las leyes secundarias en telecomunicaciones cruza tres coordenadas: el negocio de la radio y la televisión, las regulaciones institucionales aprobadas por los legisladores para la función vigilante del Estado y la libertad de expresión. Sin embargo, algunos resentimientos de diputados y senadores para regresar a los tiempos del control estatal de la televisión estrían pervirtiendo las regulaciones. El problema es la intención estatista de legisladores que desconocen el dinamismo de la sociedad en la conquista de nuevos espacios de libertad en medios de comunicación.

En los tiempos del reinado priista con el aval panista, la televisión era un aparato de control social del Estado y del sistema político priista, convirtiendo los noticieros en una oficina de prensa del PRI y del gobierno. La apertura política y la alternancia permitieron mayor libertad en los espacios noticiosos, aunque regulaciones electorales sacaron a la radio y la televisión de la publicidad contratada; con ello, el sistema electoral regresó a control gubernamental, aunque por la vía indirecta.

En el fondo, el PAN, el PRI y el PRD quisieran una televisión controlada por el Estado en sus contenidos, con argumentos de la manipulación de orientaciones en los noticieros. Pero nadie manipula externamente los noticieros como los propios partidos políticos. De ahí el esfuerzo de regulación de los medios electrónicos tenga que ser flexible para no inhibir la libertad de opinión, de expresión y de crítica.

En la reunión de la CIRT el martes, su presidente Tristán Canales expresó el respeto de la industria a la autonomía de decisión de los legisladores, pero hizo un llamado a que las leyes secundarias sirvan para desarrollar la industria y no para meter al país en debates sobre controles autoritarios como en Venezuela. De ahí que Canales haya dicho con razón que el anteproyecto de ley reglamentaria significa "un parteaguas para la industria" porque tendrá efectos en la incentivación de la competencia con dos nuevas cadenas.

Sin embargo, en nombre de los concesionarios de la radio y la televisión, Canales planteó sus inquietudes a los funcionarios José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones, y al director de RTC, Andrés Chao, y al diputado Federico González Luna Bueno porque los dueños de los medios electrónicos ven en la ley reglamentaria indicios de mayor control estatal.

La reunión de funcionarios de la CIRT con funcionarios del gobierno y diputados enfrió un poco los ánimos en el ambiente político porque los legisladores proestatistas en televisión habían elevado el tono de sus críticas en periódicos sobre el contenido de la iniciativa reglamentaria. El debate tiene que ver con las propuestas panistas y perredistas para aumentar los controles gubernamentales sobre la radio y la televisión, aunque sin preocuparse por el efecto de estas regulaciones en la vertiente de la industria como negocio. La reforma electoral que prohibió la contratación política o privada de tiempos para campañas políticas fue un sonado fracaso en las elecciones federales pasadas, pero no existe en los diputados y senadores ninguna voluntad para corregir errores.

Si bien Canales llamó a un debate político y de altura y a que los legisladores cumplan con su responsabilidad, el tema no se prevé tranquilo, sobre todo porque la oposición del PAN y del PRD saben que pueden sacar más raja política con la estridencia que con la negociación de espacios políticos. Lamentablemente para las leyes reglamentarias que vienen —telecomunicaciones, energética y electorales, sobre todo— el PAN y el PRD verán atravesarse en los debates el tema de la elección de dirigencias nacionales y la forma en que las bancadas estarían participando en las disputas interpartidistas.

El gran tema de fondo radica en la definición de los espacios de libertad de expresión en los medios electrónicos y el papel del Estado en su regulación.

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