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2014: consolidación de las reformas y Estado de derecho

¿QUÉ MÁS?

Si bien las reformas estructurales son necesarias para el crecimiento, el principal elemento para democratizar la productividad es el imperio de la ley.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo una fuerte inversión en 2013 con el objetivo de transformar el país. La inversión no fue sólo en términos de los costos de pasar las reformas, sino en crecimiento económico menor al deseado y al esperado. Aunque la implementación de las reformas es la clave para 2014, también lo es avanzar en la instauración del Estado de derecho.

El conjunto de reformas del año pasado no tiene un claro precedente en la historia reciente. Quizá los más cercanos sean el proceso reformador al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari: solución al problema de la deuda, independencia del Banco de México, permanencia de la apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; y del inicio del sexenio de Ernesto Zedillo: compromiso con finanzas públicas equilibradas, reforma de pensiones y la reforma electoral que derivó en la alternancia.

Las reformas de Peña Nieto tienen ventajas importantes con respecto a las anteriores: a diferencia del sexenio de Salinas, se llevaron a cabo el primero y no el quinto año de gobierno; con respecto al de Zedillo, no se hicieron como reacción a una profunda crisis económica, ni a una grave crisis política.

El éxito del proceso reformador de México ha sido ya reconocido en el ámbito internacional. En la próxima reunión de Davos quedará clara la positiva percepción internacional que se ha logrado.

La clave ahora reside en que el impulso reformador se traduzca en claras y ambiciosas leyes secundarias y una cabal implementación. No será fácil por los obstáculos que interpondrán grupos de interés, las dificultades inherentes a la complejidad de los sectores reformados, el proceso de consolidación de instituciones ahora autónomas y la necesidad de contar con personal capacitado e independiente.

La prioridad para el gobierno será, seguramente, lograr la implementación con el objetivo de que la inversión de 2013 rinda frutos económicos—incrementar la velocidad de crucero hasta más de 5% —y políticos— obtener una mayoría para el PRI en la Cámara de Diputados en 2015 y sentar las bases para la elección presidencial en 2018.

Paradójicamente, uno de los riesgos para la implementación de las reformas es el crecimiento de la economía. Las razones que explican el bajo crecimiento en 2013 (importaciones de Estados Unidos, cambio de gobierno, menor gasto federal y estatal, menor dinamismo del crédito de la banca comercial y de desarrollo, colapso de la construcción, incertidumbre sobre regímenes regulatorios) han, para efectos prácticos, desaparecido.

Un problema de una mayor tasa de crecimiento a la esperada es la tentación de no asumir el costo político de implementar bien las reformas al concluirse que se puede crecer sin reformar. Otro, que se infiera que la mejor manera de crecer es por medio de un mayor gasto público y mayor déficit de finanzas públicas.

Si bien las reformas estructurales son necesarias para la modernización y el crecimiento, el principal elemento para democratizar la productividad es el imperio de la ley y el respeto al derecho ajeno. El incremento sostenido en la productividad es resultado de la movilidad, de emigrar a sectores o regiones con mayor valor agregado, en un marco de estado de derecho que permita asumir el riesgo y la inversión de cambiar. Esto requiere de una sensible mejora institucional, que no se antoja sencilla, en todos los ámbitos y niveles de gobierno y de un compromiso político de largo aliento tan o más profundo que el invertido en las reformas recientes.

Es imposible el Estado de derecho sin municipios funcionales, como se ha visto en Michoacán. Para ello es necesaria la reelección de presidentes municipales, así como una reforma fiscal que incentive el cobro del impuesto predial. La reciente reforma político-electoral avanza al permitir la reelección temporal (aunque con candados), mientras que la hacendaria incluye una reasignación de un tercio del Fondo para el Fomento Municipal a favor de los municipios que cobren el predial. Esto ayuda, pero hay que ir más lejos: se requiere modificar la Constitución para que sean los estados los que recauden el impuesto predial (como en el Distrito Federal), se explicite que 50% de tal recaudación sea para el municipio, 40% para la comunidad donde está el predio y el resto para el gobierno estatal y se disponga un premio a través del presupuesto de la federación a la recaudación de predial en función del nivel de marginación de cada municipio.

En el ámbito estatal, es imprescindible lograr la rendición de cuentas de gobernadores. En incorrecto legislar incrementos en impuestos para dilapidarlos en campañas publicitarias excesivas como la del gobernador Velasco, del estado más pobre de México, Chiapas, o en el uso de recursos públicos para el apoyo a campañas electorales.

Además de las nuevas disciplinas al ejercicio presupuestario de los estados, quizá la mejor manera de controlar el gasto de los partidos políticos y gobiernos en las campañas electorales sea que el Instituto Nacional Electoral acepte como gastos de campaña sólo aquéllos que hayan sido acumulados por una persona física o moral en declaraciones de impuesto sobre la renta. Todos los otros gastos o contribuciones serían considerados en exceso de los topes máximos. Además, el SAT podría auditar a las personas físicas y morales que acumulen gastos de campaña como ingreso para asegurar el cabal cumplimiento con las leyes fiscales.

Es también imposible el Estado de derecho sin prisiones que no sean centros criminales, sin un sistema judicial funcional y sin ministerios públicos honestos y profesionales. Es crucial avanzar en estos rubros, incluido el tránsito a juicios orales, en 2014.

El éxito del país en 2014 debe medirse no sólo por el crecimiento que se obtenga, ni tampoco sólo por la implementación de las reformas estructurales, sino por el avance del estado de derecho en un ambiente de democracia.

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