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Opinión

¿A quién sirve que no se sepan datos de feminicidio?

Por: Francisco Rivas

El pasado 22 de diciembre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó la nueva metodología del Sistema para el registro de información delictiva (SISDEL).
El SISDEL representa un gran esfuerzo de las autoridades federales para mejorar la calidad de la información sobre incidencia delictiva, lo que permite entender con más detalle qué sucede alrededor de ciertos delitos. El sistema proporciona información importante para la generación de políticas públicas, ya que da cuenta de los rangos de edad y sexo de las víctimas, así como del método de comisión del delito.
Esta herramienta, por sí misma, no resuelve las asimetrías ni debilidades institucionales en las procuradurías y fiscalías estatales, sino que las desnuda para que podamos insistir en mejorar los registros públicos de incidencia delictiva y, por ende, el acceso a la justicia para las víctimas.
El SISDEL se construyó sobre la base de un diagnóstico serio, siempre en total colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y partió de entender las condiciones en las que operaban las instituciones de justicia, para luego tratar de subsanar deficiencias y asimetrías.
Este gran avance se vio dañado por dos aspectos que evidencian por qué no funcionan las actuales políticas de seguridad: 1. Se privilegió la forma, por encima la sustancia. 2. Se protegió el nombre de algunos gobiernos locales, por encima la rendición de cuentas.
El SISDEL debió haber sido presentado en abril de 2016, no obstante, su publicación fue aplazada en por lo menos en seis ocasiones. Desde el ONC se recomendó esperar a enero, una vez que se tuviese el concentrado anual de 2017, para permitir al público en general atender y dar un puntual seguimiento a este instrumento, ya que sabemos que en este periodo la nota se “iba a perder”. No obstante, la autoridad federal siguió adelante.
El SISDEL exhibe con claridad las asimetrías en el combate a varios delitos. En particular en el caso de feminicidio se aprecia una disparidad de criterios en torno a la clasificación y, por ende, investigación de los mismos, pues ocho entidades federativas (con base en los datos que el SESNSP nos compartió tan sólo seis días antes de la presentación) no reportan carpetas de investigación de este delito en 2017. Según la información que nos dio el SESNSP en esta situación se encuentran: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán.
Por este motivo inferimos que la falta de publicación de información sobre feminicidio obedece al interés de permitir a los gobiernos locales subsanar dichas deficiencias. Tanto en el documento publicado por el ONC, como en los materiales de capacitación a los medios de comunicación que impartió el SESNSP se contemplaba el análisis del delito de feminicidio; sin embargo, la excusa (que parece carecer de sustento) fue que por un acuerdo del CNSP de agosto pasado, se ordenaba al SESNSP interconectar bases y generar una plataforma de información sobre violencia contra la mujer que se publicará el próximo 20 de enero y que incluye feminicidio, todos los delitos de género, cifras 911 y mapas de calor, como si esto entrase en contraposición con su publicación en el SISDEL.
Una vez más este gobierno nos ha mostrado que no escucha y no entiende, que confunde el reconocimiento de avances con sumisión y compadrazgo, que los mexicanos estamos cansados de violencia y negligencia, y que queremos avances reales, no discursos. Por eso no habremos de callar.
Hacemos un llamado al SESNSP para que la información sobre feminicidio se publique sin esperar más, para que podamos entender quién sí y quién no permite el acceso a la justicia, y exhiba cómo algunas autoridades han sido omisas. Deben atender que esta información podría salvar la vida de muchas mujeres ¿aun así creen que debamos esperar hasta enero? Porque lo que resulta obvio es preguntarnos ¿a quién le sirve que no se conozcan los datos de feminicidio?