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ACENTO

Sinaloa

Se ha vuelto muy sintomático de la visión simplista y meramente mercantil con la que suele plantearse, que las propuestas para la legalización de las drogas, omita cualquier propuesta para la atención del posible repubre de adicciones que eso pueda generar.

¿Con qué infraestructura cuentan los gobiernos que se plantean la posible legalización de las drogas, para atender a las personas cuyo consumo recreativo se le salga de control?
El tema viene a colación porque el Congreso de Sinaloa empezó a analizar la posibilidad de legalizar la marihuana para su uso lúdico y recreativo.

La propuesta fue presentada por el diputado Gerardo Valencia del PAS y secundada por el priista Andrés Félix. Ambos legisladores coincidieron en que Sinaloa debe liderar a nivel nacional la discusión del tema, por ser una entidad afectada por el tráfico de drogas. La lógica de la propuesta es que la regulación de la producción y consumo de marihuana disminuiría la actividad delictiva y la violencia que genera.

No obstante, quienes promueven ese tipo de iniciativas dan a conocer el daño a la salud pública que de por sí, ya genera el uso ilícito de la marihuana sumada a la incidencia de enfermedades, violencia intrafamiliar y daño a la salud que significan otras drogas lícitas como el alcohol y el tabaco.

Si el 80 por ciento de los accidentes graves está relacionado con el consumo de alcohol, ¿se imagina usted si se permite el uso de la marihuana?

En la discusión de la posible legalización de las drogas, los legisladores bien deberían priorizar la opinión de organizaciones expertas en el tratamiento de las adicciones como el CIJ y tanto Valencia como Félix podrían acudir a los centros de rehabilitación para constatar de viva voz de los jóvenes, como las drogas recreativas le abrieron la puerta a otras adicciones que amenazan con destruir su vida.