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Aberración a la transparencia

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL
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Por: Redacción

La aprobación de la llamada "Ley Mordaza" en Sinaloa generó una fuerte condena nacional e incluso internacional pues de acuerdo con organizaciones de periodistas, medios impresos y digitales, la reforma atenta contra la libertad de expresión y evidencia sumisión del Congreso al Ejecutivo estatal.

Si bien los diputados ya anunciaron que darán reversa a la modificación del artículo 51 bis que limita el acceso a la información de seguridad, en el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores y periodistas de Guerrero, se calificó esta reforma como una aberración jurídica.

Entre las voces críticas está Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de Periodistas, quien hizo un llamado a todas las organizaciones sinaloenses y nacionales a unificarse pues la medida deja un mal precedente de opacidad gubernamental. De igual forma, en voz de Carlos Navarrete, periodista de El Sol de Chilpancingo, señaralon como "evidente el interés de los gobiernos estatales por ocultar la realidad que enfrentamos" en la sociedad.

Y es que con todo y ya que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Jesús Enrique Hernández justificó públicamente que no observaron las implicaciones de la reforma por las cargas de trabajo que tienen, lo más delicado es que simplemente hayan atendido los intereses del gobernador Mario López Valdez.

Es grave en extremo que quienes legalmente deben representar a la ciudadanía se presten a las manipulaciones del poder, pero aún más que violenten un derecho fundamental como es la libertad de expresión y que no puede estar a criterio de los intereses políticos.

Lo cierto es que mientras no se derogue este artículo, la Procuraduría y la Policía Ministerial tienen todas las armas legales para frenar el trabajo de los periodistas que cumplen con la tarea de difundir la realidad violenta que afecta a la entidad.

Medios nacionales y en el extranjero como Los Ángeles Times señalan que, en un estado sacudido por el narcotráfico, esta reforma limita el manejo de información sobre hechos delictivos.

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¿Será entonces que el trasfondo de esta medida era ocultar las fallas en seguridad para proteger la imagen del gobierno de Sinaloa?