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Agua: cobro desordenado

En "periodismo de datos", antier El Universal publicó una investigación sobre el cobro del agua en México. Los resultados muestran el "desorden" que impera en esa materia. Se trata de un aspecto central de la importantísima problemática del agua, por lo que su divulgación representa una verdadera aportación.

La investigación de El Universal se refiere al cobro del agua que suministran los organismos operadores o sistemas de agua potable de 100 municipios del país, esto es, el agua para uso doméstico, comercial e industrial, que representa del orden de 23% del total del agua utilizada. El otro 77% se destina a usos agropecuarios y no se cobra.

La investigación pone énfasis en los niveles y, sobre todo, en la disparidad de las tarifas. Las diferencias son sustanciales, como se documenta; por ejemplo, en Villahermosa, Tabasco, el metro cúbico se cobra a $1.02, mientras que en Querétaro a $20.20, y en Fresnillo, Zacatecas, a $21.87. La heterogeneidad de las tarifas responde directamente a la inexistencia de criterios y lineamientos básicos que permitan definirlas en un rango más acotado. Se trata de un asunto fundamental que, en principio, habrá de resolver la Ley General de Agua (LGA), cuya iniciativa está en preparación, en atención a la reforma del artículo 4º de la Constitución.

Estrechamente relacionado está la diversidad en el cobro-pago del agua, que se observa entre los diversos organismos y sistemas en el país. Por eso, en 2013 la Fundación Gonzalo Río Arronte instituyó un programa anual de reconocimientos a los organismos y distritos de riego con mejor desempeño en esa materia. Información estadística está disponible en www.fgra-cobro-pago.org.mx.

Las carencias en cobertura, calidad, saneamiento, tratamiento y reuso del agua, así como la inexistencia de un pago por servicios ambientales para preservar la naturaleza, que es la fábrica del agua, responden directamente a la fragilidad financiera de los sistemas y organismos que suministran este preciado líquido. La situación es tal, que muchos no son autosuficientes e, incluso, fuertemente deficitarios, lo que repercute en las finanzas públicas municipales, estatales y del gobierno federal. Por ejemplo, la recaudación federal en materia de agua en 2012 (14,171 millones de pesos) fue inferior a la de 1993 a precios constantes.

Esta problemática está claramente recogida en el Programa Nacional Hídrico 2014-2018, publicado el pasado 8 de abril, donde se reconoce que "aunque la Ley de Aguas Nacionales considera la existencia de un sistema financiero del agua, éste no ha sido diseñado, ni implementado nacional o regionalmente". En consecuencia, entre sus líneas de acción incluye fomentar que la definición de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento siga criterios técnicos, financieros y sociales (línea 3.1.3), y establecer precios y tarifas que reflejen el costo económico del agua y promuevan su conservación y uso eficiente (1.4.3). También se propone promover el pago de servicios ambientales para la conservación de recursos hídricos (1.6.9).

En materia de agua, en México la problemática responde de manera preponderante a la compleja, poco clara, contradictoria y disfuncional asignación de funciones entre federación, estados y municipios, que desemboca en una escasa coordinación, lo que dificulta avanzar en la solución de estas carencias. A esto también ha contribuido la falta de continuidad de los gobiernos municipales, que da lugar a un constante relevo de quienes administran el agua, y a su escasa profesionalización. Es muy probable que la reelección de presidentes municipales coadyuve a aminorar esas deficiencias.

La ciudadanía está atenta a la iniciativa de Ley General de Agua, que en unos meses será sometida a consideración del Congreso.

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