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Aguas con el boomerang

El empresario Alberto Fernández, presidente de la Coparmex Nuevo León, acusó al gobierno estatal de favorecer a un oligopolio, el que integran los empresarios del transporte público de pasajeros. Fernández demandó el miércoles que la autoridad replantee el sistema para que deje de operar en la opacidad.

"El aumento arbitrario que se aprobó el pasado mes de diciembre fue la gota que derramó el vaso. Es claro que el sistema está orientado a maximizar las utilidades de los transportistas por encima de la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Nuestro transporte público está en crisis", sentenció el dirigente.

También señaló que una de las fallas que debe ser corregida a la brevedad es la falta de rendición de cuentas de los empresarios transportistas, por lo que el Estado debe exigir que se transparenten las ganancias de sus compañías. "El impacto social de las políticas de transporte actual es enorme", pontificó el líder de sus colegas de Nuevo León.

Claro que el impacto de las políticas de transporte es enorme e, incluso, va mucho más allá de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades de los usuarios directos inmediatos. Cuando las tarifas se disparan, que es el caso actualmente, el golpe afecta inmediatamente a los demás empresarios, oligopólicos o monopólicos o duopólicos o neoliberales o de los que sean, que hay de todos en la viña del señor.

Sí, cuando el transporte es malo o escaso o caro y de pronto se vuelve más malo, más escaso y más caro, lo primero que sucede es que sus usuarios directos llegan tarde a sus trabajos y demandan aumentos salariales para poder pagar el transporte que los lleva a trabajar por sueldos que, igual que las tarifas de los camiones, no satisfacen las necesidades de los trabajadores. Eso porque en la mayoría de los casos los salarios de los obreros están orientados a maximizar las utilidades de los empresarios, de quienes los transportistas son pares, aunque a veces se porten unos y otros como dispares.

Con esto no quiero decir que la proposición del líder del sindicato de empresarios sea mala, sino todo lo contrario. Es buenísima, pero debe ser pareja para que su beneficio sea verdadera y masivamente impactante.

Fernández exige que, para transparentar el negocio de los transportistas, cuyas ganancias se estiman en 13 mil millones de pesos al año, las compañías prestadoras del servicio deberían ser auditables y operar bajo un esquema de empresa pública. "No podemos seguir haciéndonos de la vista gorda", expresó con gran sentido social el empresario.

Claro que, para que ese sentido social sea realmente luminoso y redentor, todas las empresas que hoy conocemos como privadas, entre ellas las del transporte público desde luego, deben ser auditadas transparentemente y funcionar como empresas públicas. Todas las compañías, entre más grandes y exitosas con más razón, producen bienes y servicios destinados al público, que, en la filosofía de Fernández, deben anteponer, como propuso el miércoles el sindicalista empresarial, la satisfacción de las necesidades de los usuarios a la maximización de las utilidades de los empresarios.

No debe haber un rasero distinto para cada giro de negocio, porque todos los giros son negocio, ¿o no? Para el caso es lo mismo el transporte público que sus iguales del acero, del cemento, de las telecomunicaciones, de los productos químicos, de la construcción, del entretenimiento, de la educación, de la cerveza, de las tiendas de conveniencia, de la salud, de la farmacéutica y de tantos otros renglones industriales y comerciales que operan en la opacidad en la que tienen ganancias estratosféricas.

Esas ganancias excesivas, como bien señaló el miércoles Alberto Fernández, impactan negativamente la economía de los más pobres, la mayoría de los mexicanos que diariamente usan transporte malo y caro, igual que la mayoría de los bienes y servicios que dolorosamente compran todos los días... porque los necesitan.

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