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¿Ajuste de cuentas?

NUESTRA OPINIÓN GUAMÚCHIL

La polémica que ha desatado la decisión tomada por el Consejo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, de incrementar el 40% a la tarifa del servicio de agua, ha llevado a regidores, funcionarios y partidos políticos a enfrascarse en una lucha férrea por buscar que la población les dé la razón.

La decisión que tomó la alcaldesa junto con el Consejo ha sido tomada como una medida de presión que afecta al bolsillo de los ciudadanos, sin embargo, esta acción se determinó en base a la situación económica que se encuentra la paramunicipal. Los dimes y diretes que surgieron al interior de la Presidencia Municipal han llevado a que los regidores del PRI y PAN han tomado como un estandarte en una lucha que más que el interés económico de los ciudadanos, se ha tornado en una pelea de poderes.

Por un lado, miembros del Partido Acción Nacional se programan hasta en una campaña para que la población no acepte el incremento programado, situación que ha venido creciendo y se ha tomado como una cuestión política.

Ante esta situación, el revés llegó por parte de los regidores del Partido Revolucionario Institucional, con la que pudiera llamarse la contestación, al anunciar que solicitarán al síndico procurador una auditoría en la que se analice de dónde viene la deuda que arrastra la Junta de Agua y en qué se utilizó, dejando en tela de juicio la acción del exgerente, Armando Camacho Aguilar. Si bien es cierto que directivas van y vienen, y las deudas se acumulan o subsanan de acuerdo a las acciones de cada uno, hoy la situación se ha tornado en base a los 12 millones de pesos que se tienen en deuda, y que a decir de los regidores, pudo haber sido generada desde la administración del funcionario panista. El capítulo no se ha cerrado, y pudiera crecer en intensidad mientras los intereses políticos al interior de esta lucha campal continúen, y mientras tanto, el interés por apoyar la Junta de Agua y al ciudadano ha quedado en segundo término.