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Opinión

Alcaldes recibirán el cargo con tareas muy comprometedoras

Por: ROMPEOLAS .

La rifa del tigre. Faltan pocas semanas para que inicien los nuevos gobiernos municipales. En muchos de los casos, los alcaldes electos recibirán el cargo con tareas inmediatas muy comprometedoras. En el caso de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres tendrá como herencia el caso de investigación que se sigue al colapso del tiburonario del Acuario Mazatlán. Se supone que la Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre el caso. Sin embargo, muy poco se sabe sobre los avances y la posibilidad de que los presuntos responsables del hecho puedan llegar a ser castigados. Por lo pronto, la directora de la dependencia municipal, Celia Jáuregui, anunció que el caso pasará a la próxima administración municipal, y que sobre los avances, sabe lo que todos: nada. 

Obras polémicas.  Conforme pasan los días, más polémicas generan las obras turísticas en Mazatlán y dan más argumentos alcalde electo, Luis Guillermo Benítez, para exigir una revisión inmediata del tema. Lo último: una megafuga de agua potable al romper la tubería y el levantamiento de concreto que no hace ni una semana fue echado. 

Procesos internos.  En los Comités Directivos Estatales del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional se preparan para iniciar los procesos de renovación de sus dirigencias estatales, que quedará a finales de este año. En caso del PRI, se han mencionado muchos nombres para sustituir a Carlos Gandarilla García, entre ellos, el alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco; el subsecretario de Gobierno, Marco Antonio Osuna Moreno; el exdiputado Aarón Rivas Loaiza, y la exlegisladora Irma Tirado Sandoval. Los rumores se han calmado en las últimas semanas, pero, conforme se acerque el momento de la elección del próximo dirigente estatal, estos se volverán a intensificar, aunque la decisión se tomará en el edificio que se encuentra entre Insurgentes y Lázaro Cárdenas. 

Los azules. En Acción Nacional todo se desarrolla en calma por el momento. Se instaló la comisión electoral que llevará todo el proceso, pero no ha habido panistas que levanten la mano; aunque desde ahora les podemos adelantar que el diputado local Jorge Villalobos y Adolfo Rojo Montoya pelearán para continuar con el control del instituto político. Entre el panismo sinaloense se han escuchado voces para expresar su malestar por lo que ha sucedido, y en varias ocasiones han pensado que ya tocaron fondo, pero siguen intentando escarbar más para poder seguir cayendo. Y la crisis no es exclusiva de Sinaloa, sino nacional.

Desconocimiento. En los 10 días que llevan en su cargo, los diputados locales han dado muchas muestras de desconocimiento de las leyes y de las funciones que deben desempeñar, y en más de alguna ocasión se han evidenciado, porque, o no tuvieron tiempo o no quisieron capacitarse mejor, sobre todo en conocer la Ley Orgánica del Congreso del Estado. El caso más grave fue el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución aprobado por la mayoría (Morena, PT y PES), en el que exhortaron al ejecutivo estatal que instruya a Sepyc para que detenga la evaluación docente y procesos sancionadores a quienes no hayan resultado idóneos. Para empezar, las evaluaciones ya concluyeron, y le pasaron la aplanadora por encima, sin escuchar razones ni fundamentos legales, solo por motivos populistas, porque las evaluaciones docentes están establecidas en el Artículo 3 de la Constitución Política Mexicana y en la Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que un punto de acuerdo de una legislatura estatal no puede estar por encima de una carta magna ni de una ley. Los nuevos funcionarios del Congreso tendrán una tarea titánica. Primero, de capacitar a los legisladores y hacerlos entender que las campañas ya pasaron, y que su papel fundamental es respetar las leyes; y que para eliminar esas evaluaciones, los diputados federales y los senadores deben reformar la Constitución y la Ley de Servicios Docentes, y que estas sean aprobadas por la mayoría de los Congresos y promulgada por el presidente de la República. Si bien son los representantes del pueblo, también son garantes de la legalidad. 

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