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Algunos antecedentes de las garantías individuales

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

En los antiguos regímenes político-sociales de la humanidad, hasta antes de los distintos fueros españoles y de la primera Carta Magna inglesa de 1212, la mayoría de los estudiosos de la doctrina constitucional afirma que formalmente no existían los derechos del gobernado consagrados como garantías. Es en el Pacto Político-Civil acordado en las Cortes del Reino de León, del año de 1188, en el cual se contienen diversas disposiciones de materias distintas de carácter civil, penal, político y administrativo, y entre ellas las concernientes a la inviolabilidad del domicilio por el rey (artículo 6) y la garantía de audiencia (artículo 13).

Sin embargo, don Juventino V. Castro, al referirse a los antecedentes universales de las garantías individuales y retomando a Víctor Fairén Guillén, nos recuerda un importante texto del año 683, derivado del VIII Concilio de Toledo, en cuyo cánon 2 preceptuaba que nadie podía ser privado de sus honores, detenido, atormentado o condenado por ninguna institución del Estado, sin tener pruebas claras y evidentes. También se refiere a la protección contra el encarcelamiento, en los Fueros de Nájera, Jaca (año 1064), Tudela, Zaragoza y Daroca (año 1142), en las cuales se hallan disposiciones relativas a la libertad bajo fianza.

Al margen de esa discrepancia, a principios del siglo 13, los barones ingleses obligaron al rey Juan Sin Tierra a firmar el documento político de los derechos y libertades en Inglaterra, y que son origen remoto de varias garantías constitucionales de diversos países, principalmente de América. Nos referimos a la famosa Carta Magna del 15 de junio de 1212, cuyo precepto más importante es el marcado con el número 46, el cual constituye un antecedente evidente de nuestros artículos 14 y 16 constitucionales vigentes, y del correspondiente a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. Esta disposición contenía una verdadera garantía de legalidad, pues establecía que ningún hombre libre podía ser arrestado, expulsado o privado de sus propiedades, sino mediante juicio de sus pares y por las leyes de la tierra.

Dicho documento contiene además compromisos aceptados por el soberano a los nobles ingleses, en relación con su futuro gobierno por medio de un Gran Consejo, y con respecto a la forma de recaudar tributos, pero muy especialmente por el hecho de que promete respetar las libertades individuales de seguridad personal y de libertad de comercio. El relieve fundamental de ese documento histórico está puesto precisamente en el mencionado artículo 46, pues dispone que ningún hombre podrá ser detenido en prisión, ni desposeído de su tenencia, de sus libertades o libres usos, declarado fuera de la ley, exiliado o molestado de manera alguna, sino en virtud de un juicio legal de sus pares y según la ley del país, en lo cual encontramos referencias o elementos de lo que hoy conocemos como garantías de audiencia y de legalidad.

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