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Alta responsabilidad

MAZATLÁN

La discusión que iniciará hoy en el Senado de la República sobre la propuesta del Seguro de Desempleo, debe ser seria, a fondo y sobre todo, sin prisas. Los legisladores del Congreso de la Unión ya la aprobaron, pero tal y como está, ha despertado no solamente críticas naturales de la oposición, sino preocupaciones reales debido a sus complicaciones técnicas.

El punto más polémico tiene que ver con el fondeo para operar este programa, ya que los diputados federales aprobaron que los recursos salgan del ahorro de vivienda que tiene el trabajador.

Esto de entrada supone un problema que va más allá de lo "técnico" sobre la operación de los fondos, sino que incluso puede tener fuerte impacto social. Y esto se debe a que del 5 por ciento que el patrón ahorra para el fondo de vivienda del trabajador, sólo el 2 por ciento irá al ahorro para casa y el 3 por ciento restante se utilizará para "fondear" el seguro de desempleo.

Esto podría impactar muy fuerte, debido a que implicará que las familias puedan tardar mucho más tiempo en poder ser elegibles para un crédito de vivienda. Según estimaciones, si actualmente el promedio que tarda un empleado para cotizar vivienda es de 18 bimestres trabajados en el sector formal, cuando su ahorro sea "repartido" entre la vivienda y el desempleo podría tardar hasta 45 bimestres para alcanzar crédito para casa, esto es alrededor de ocho años.

Para muchos, el seguro de desempleo sí es una necesidad en el país, pero se debieron buscar otros fondos para operarlo que no lastimen tanto al trabajador. Incluso algunas de las críticas van en el sentido de que hace más daño del que resuelve. Esto debido a que el seguro sólo se podrá cobrar una vez cada cinco años y el dinero que se recibirá – que no será mayor a un periodo de seis meses – será muy bajo y sólo se podrá cobrar 45 días después de haber sido despedido o incluso haber renunciado a un empleo.

Los senadores tienen pues en sus manos la responsabilidad de analizar esta propuesta. Una buena idea sería que consultaran a los ciudadanos que los pusieron donde están y a quienes representan, para ver qué tan de acuerdo están con esta medida. Por ahora, la ciudadanía de todo el país los tiene bajo la lupa.