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Ambigüedad, recurso del presidencialismo

El choque de intereses que se ha puesto de manifiesto en la aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones impide apreciar su fondo político. Ante lo que estamos es ante un despliegue de ocultamiento político y ambigüedad jurídica para reestablecer el presidencialismo.

La ambigüedad en el ejercicio de la autoridad sirve al viejo presidencialismo. Esa es la estrategia jurídica y política que está marcando el sexenio. Ahora con su intervención en Telecom; ayer lo fue en la consulta popular. "¿Cómo va a ser inconstitucional una ley cuando en su contenido se está incluyendo lo que dice textualmente la propia Constitución?". No lo es en la forma, pero sí lo es en su propósito. La concreción en la regulación la da el Congreso en la ley secundaria que se deriva de la orientación constitucional; y se complementa con la labor interpretativa de la Judicatura que tiene a su cargo el control constitucional.

Esta estrategia (de la ambigüedad deliberada) conlleva una falta de responsabilidad política. No sólo porque los legisladores abdican de su función primordial que es legislar, o sea precisar lo que la Constitución establece, sino porque la indefinición tiene un deliberado propósito político: ante la ausencia de reglas claras, devolverle al presidente el poder que la separación de funciones y el control constitucional le restan en un sistema democrático.

En un caso tan claro como el de la necesidad de recuperar la rectoría del Estado en las telecomunicaciones, la única manera de lograrlo es con definiciones normativas precisas en las que se soporte el IFT y, en su caso, el Poder Judicial de la Federación. Pero si las normas no son suficientemente claras, se verá ampliada la debilidad de estos órganos de control. En una correlación desigual, la confusión juega en favor del poder. Por esa debilidad se impondrán con mayor facilidad los poderes fácticos y el Poder Ejecutivo que está detrás de este diseño jurídico- político. El poder último será del Ejecutivo. Será de un presidente que, a la usanza del siglo XX, pone a su servicio la Constitución. No será el de un presidente de la transición democrática que estaría limitado por una Ley Fundamental con fuerza normativa.

Una Constitución bien fraguada no va a los detalles. Ahí está el ejemplo de la Constitución norteamericana. La Constitución establece los principios y parámetros que marcan el rumbo; mientras que la ley los precisa y reduce la ambigüedad a su mínima expresión posible. Si algo necesita nuestro país es de reglas claras.

El presidencialismo autoritario mexicano del siglo XX se benefició de una concepción maleable de la Constitución, la de la Constitución-programa. Ésta le daba una doble ventaja: por una parte, los presidentes respaldaban sus acciones en la Ley; y por la otra, la interpretaban a su conveniencia o incluso prescindían de ella. En la práctica eso es a lo que estamos regresando.

El balance de esta operación no será favorable para el Estado de Derecho. Será favorable para el presidencialismo, al que todos los intereses recurrirán al final en búsqueda de favores y de protección. Más que competencia habrá un reparto político de mercados, cuando se tenía la oportunidad de construir una autoridad regulatoria predecible en su actuación y eficaz en su tarea de servir a la sociedad. Como parte de ese pasado que regresa, revitalizado, estarán las decisiones discrecionales y patrimonialistas.

En vez de ser ésta la reforma insignia –la de la democratización de los medios- terminará siendo el vehículo para la consolidación del viejo presidencialismo. Incluso sus beneficios serán atribuidos al gobierno, quien ahora tendrá más despejado el camino de la reforma energética.

Es explicable que dentro del régimen haya quien apueste a la restauración del presidencialismo. No acaban de convencerse de que ese camino ya es disfuncional a la estabilidad política y al crecimiento económico. Lo ha sido de tiempo atrás.

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