Selecciona tu región
Opinión

Reforma energética, entre derechos, política y nuestra historia

DESDE NUESTROS DERECHOS

Por Armando Salazar

-

Es difícil sustraer la discusión (y opiniones), sobre la reforma en materia energética del contexto político y social que estamos viviendo. Apenas terminamos el primer ejercicio de “revocación de mandato” y las distintas fuerzas políticas, mantuvieron como prioridad su lucha política antes de cualquier análisis serio sobre los retos y beneficios de la reforma. No es casualidad, los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, renovarán sus gubernaturas este año, por lo que cualquier postura partidista, también definirá la bandera política que se usará en las próximas elecciones.

Es común que los diferentes partidos utilicen una reforma constitucional o legal, para apalancar su proyecto político. A veces no es necesario lograr su aprobación, basta con poner en discusión de la opinión publica sus diferentes posturas, para cosechar simpatizantes a su proyecto político. Parece que el “Proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 4o., 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, y de acceso a la energía eléctrica”, era uno de esos. Era predecible, que no iban alcanzar la mayoría calificada (es decir, el voto a favor de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión), pero más allá de su aprobación (que sería un éxito), parece que su cometido era posicionar su proyecto político y exhibir la postura de sus opositores. Ganar aun perdiendo.

Es un tema delicado, los diputados que desecharon este proyecto de reforma, no sólo votaron en contra del partido en el poder, sino que permitieron que los ubicaran como diputadas y diputados que votaban en contra del fortalecimiento de la CFE, (frente a la generación de energía por empresas privadas, cuestionadas por el caso de España, donde registraron las tarifas más altas que se han documentado en el país ibérico); pero, sobre todo, que votaban en contra de nuestra propia historia. La CFE como empresa del estado mexicano fue creada el 14 de agosto de 1937, por Lázaro Cárdenas del Rio, Presidente de México.

El 7 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos (del PRI), nacionalizó la industria eléctrica. En su momento, fue un gran logró nacional. Su misión era brindar el servicio de energía eléctrica en todo el país, detener las constantes interrupciones del fluido eléctrico y reducir las elevadas tarifas, quedando bajo la responsabilidad de las empresas estatales CFE y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la generación, transmisión, distribución y suministro de la energía eléctrica en todo el país.

Es parte de nuestra historia. La protección (o apertura) del sector eléctrico siempre ha sido un argumento muy redituable políticamente, sobre todo porque ya tuvimos la participación de empresas privadas (nacionales y extranjeras), en la generación de energía eléctrica. Los resultados están claramente documentados, como la propia nacionalización de esa industria.

Todos podemos atestiguar que, en cada estado de la república, en cada ciudad (e incluso en cada pueblo), existe alguna calle, algún monumento, un busto o placa conmemorativa, que celebra a Lázaro Cárdenas. Podríamos documentar extensamente las múltiples (y ampliamente populares), ceremonias oficiales a las que acudieron las máximas autoridades del país, para celebrar a Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. Ni que decir, de nuestros libros de historia y las ceremonias en las diferentes escuelas primarias del país. Muchas generaciones crecimos con esos grandes logros nacionales.

Desde este punto de vista, si observamos la postura de los partidos que desecharon la propuesta de reforma energética, el pasado domingo 17 de abril de 2022, vemos que lograron un triunfo parlamentario; pero votaron en contra de la propia historia de México. Una gran derrota política con miras a las próximas elecciones.

De hecho, la batalla política nos impidió observar los avances y logros que traería la reforma, mucho de ellos consensados por los diferentes partidos en el dictamen de la iniciativa aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 11 de abril de 2022. Entre estos acuerdos aprobados por los diferentes partidos, estaban los siguientes:

Establecer el acceso a energía eléctrica como un derecho humano. Es decir, como un derecho que se convierte en condición previa para acceder a otros derechos.

Sustituir el modelo de tarifas comerciales, por uno de servicio público. Distinguir entre energía eléctrica para alumbrado público; para sistemas de agua; para sistemas de bombeo agrícola; así como la energía que consumen escuelas y hospitales.

Obligación para el estado mexicano de hacerse cargo de la transición energética, con participación de los sectores público, privado y social.

Respeto a la generación de energía eléctrica proveniente de inversiones legales existentes en centrales de generación del sector privado, que puedan seguir generando electricidad y venderla a CFE.

Oportunidad de que pequeños negocios y empresas puedan generar y acceder al mercado eléctrico.

Darle autonomía presupuestal y de gestión a la CFE.

Fomentar el uso de energías renovables y reducción de emisiones de carbono.

En la votación final, los derechos quedaron de lado, mientras la urgencia política logro afianzarse.

Síguenos en
Más sobre este tema