¿Autodefensas en Sinaloa?

La afirmación que hacen las autoridades del estado en Sinaloa respecto que aquí no existen condiciones para que surjan y operen las autodefensas, como ocurre en el estado de Michoacán, es más un deseo que una realidad. Condiciones, las hay en todo el territorio de México, aún más en entidades como Sinaloa, que registran alta incidencia delictiva, particularmente del narcotráfico, al extremo de que Culiacán figura en el lugar 16 dentro de las ciudades más violentas del mundo, con niveles de impunidad alarmantes. Las propias autoridades han admitido que los ha rebasado la violencia. Basta recordar que, en su tiempo de alcalde, Alejandro Higuera, al referirse a la existencia de autodefensas en Guerrero y su presencia en Sinaloa, se expresó a favor de que las mismas operaran en la entidad; lo mismo que el alcalde de Concordia en aquellas fechas, quien consideró válido que los ciudadanos se armaran y contribuyeran a resguardar la seguridad pública. Ese debate continúa, porque hay voces que abogan a favor de la autodefensas, sobre todo frente a un gobierno que se muestra incapaz de asegurar la vida e integridad de las personas; las autodefensas, la propuesta de estar armados y hacer justicia por propia mano, se presentan como alternativa frente a la violencia.

Es cierto que en Sinaloa hay condiciones diferentes a las de Michoacán, pero no somos ajenos a esa realidad; y no debe descartarse, debido a la incidencia de violencia y a la presencia del crimen organizado, la posibilidad de que los grupos delincuenciales se organicen y operen como narcoguerrilla, que construyan y controlen liderazgos comunitarios, que involucren a la población civil y la hagan partícipe de sus disputas por el territorio y el control de las plazas, como sucede en Michoacán.

En este tema no caben las ingenuidades: por bien organizados que estén los ciudadanos, es difícil creer que las autodefensas sean una respuesta genuina y espontánea de los gobernados, quienes están hartos de la violencia y la inseguridad, porque si bien puede haber ciudadanos valientes que deciden arriesgar su vida y proteger solos su integridad, no es posible que los ciudadanos comunes sostengan una confrontación permanente y frenen por su propia cuenta la delincuencia organizada. De ser así, ¿de dónde vienen las armas y el dinero para confrontarlos? Por eso, extraña el actuar del gobierno federal al "legitimar" las autodefensas, cuando se sabe fuera y dentro del país que una parte de estos grupos son financiados por otros bandos criminales que disputan el territorio michoacano y que el fondo del problema, aparte de la inseguridad creciente, es la rivalidad entre grupos del crimen organizado que han tenido la habilidad (y el permiso gubernamental, por su omisión) para hacer partícipe de sus conflictos a la sociedad civil, organizándola y armándola para que forme parte de sus bandos y defienda sus territorios. ¿Así pretende Enrique Peña Nieto restaurar la seguridad en Michoacán? ¿Tomando partido frente a los grupos y "legitimando" el actuar de ciertos integrantes del crimen? Aparte de los desaciertos del comisionado plenipotenciario, Alfredo Castillo, y del fracaso de Óscar Naranjo Trujillo, el general colombiano que asesoraba al presidente, nos falta ver el desenlace en Michoacán. Caliente está el ambiente, no sólo en Michoacán.

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