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Autodefensas: legalización sin ley

Junio de 2003, Santa Fe de Ralito, Colombia: el gobierno de Álvaro Uribe acuerda con los principales jefes paramilitares la desmovilización de las autodefensas colombianas. Ningún especialista esperaba que más de unos cuantos miles de combatientes se acogiesen al proceso. Sorpresa: para 2006, se habían desmovilizado 32,000 "paramilitares".

¿De dónde salieron tantos? La respuesta pronto sería obvia: entre los desmovilizados, había más que paramilitares. Podía encontrar uno delincuente, narcos, guerrilleros: gente que, por un motivo u otro, deseaba obtener los beneficios jurídicos que ofrecía el arreglo con los "paras". La simulación no fue difícil: a fin de cuentas, ¿qué es un paramilitar? ¿Tienen código de barra? ¿Portan gafete?

Enero de 2014, Tepalcatepec, México: el gobierno de Enrique Peña Nieto acuerda la regularización de las autodefensas michoacanas. Según parece, estas pasarán a formar parte de los cuerpos de defensa rurales que la SEDENA mantiene en varios puntos del territorio nacional. Alternativamente, sus integrantes se podrán incorporar en lo individual a unas reconstruidas policías municipales.

Aplauso por el concepto. El gobierno no podía simplemente tolerar la presencia de grupos armados irregulares, operando a plena luz del día. Pero tampoco podía suprimirlos, no sin entregarle el estado a los Templarios. Se requería una opción intermedia, algo para preservar a las autodefensas, pero con una pátina de legalidad.

Pero si la idea no es mala, la aplicación se antoja complicada. Por razones que los colombianos reconocerían: ¿quién es autodefensa? ¿Existe un registro, algo que permita crear un filtro? Lo dudo. Entonces, ¿a quién va a incorporar el Ejército a sus cuerpos auxiliares? ¿Cómo impedir que se cuelen narcos o tipos con ganas de fusil y charola para ejecutar venganzas personales?

Y además, resulta que es necesario, salvo excepciones, ser ejidatario para formar parte de los cuerpos de defensa rurales. Y contar con la autorización expresa de una asamblea ejidal. Y haber cumplido con el Servicio Militar Nacional ¿Llenan las autodefensas esos requisitos? Me inclino por el no.

Peor aún, para formar parte de las defensas rurales o de las policías municipales, es necesario no tener antecedentes penales. Pequeño problema: como resulta obvio, todos los integrantes de las autodefensas se hallan en violación flagrante de la ley. Casi todos portan armas prohibidas, muchos las han disparado, unos cuantos han intimidado y obligado a la fuga a funcionarios electos. Tal vez sean moralmente legítimos esos actos, pero son claramente ilegales. El acuerdo del lunes no borra ese hecho.

Punto de fondo: si se quiere regularizar a las autodefensas, Tepalcatepec no basta. Se necesita una amnistía o un indulto, normas para que las autodefensas quepan en las policías o en los cuerpos auxiliares de las fuerzas armadas, un andamiaje legal que facilite la desmovilización, el desarme y la reinserción de los alzados. Es necesario, en resumen, que el gobierno recurra al Congreso para atender la crisis michoacana.

Este es un argumento pragmático, no purista. En ausencia de reglas, el mensaje es que lo único que requiere un grupo armado para ser reconocido es masa crítica y buena prensa ¿Cuantos justicieros espontáneos, cuantas autodefensas surgirían en esas circunstancias? Ya hay en Guerrero, ya se anuncian para Sinaloa ¿Cuándo en el resto del país?

Michoacán vive una situación excepcional que requiere soluciones extraordinarias. Pero eso no es licencia para gobernar sin reglas y atender la situación con ocurrencias. No se puede legalizar dándole la espalda a la ley.

@ahope71