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Autonomía e institucionalidad electoral

Uno de los principios sin los cuales es imposible concebir hoy en día a las instituciones electorales es su autonomía. De hecho es una de sus principales características constitucionales.

Pero la autonomía de esos organismos es relativamente reciente. Hasta 1990 las elecciones eran administradas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral. El nacimiento del IFE ese año marcó el inicio del proceso de autonomía institucional. Sin embargo, el IFE seguiría siendo presidido por el Secretario de Gobernación por seis años más y los representantes de los partidos seguirían teniendo derecho a votar en el Consejo General hasta 1994.

No sería sino hasta 1996 cuando cuajaría la plena autonomía del IFE con la salida del Secretario de Gobernación del Consejo General y con la reserva del derecho de voto exclusivamente a los Consejeros Electorales y al Consejero Presidente.

La autonomía se traduce en que los órganos electorales asuman sus funciones y tomen sus decisiones sin la injerencia del resto de los poderes u organismos del Estado, así como de los partidos políticos y del resto de los grupos de interés públicos y privados que existen y gravitan en la vida y en la discusión de los asuntos públicos.

Ahora bien, la autonomía de una autoridad electoral no es sólo una premisa constitucional o el resultado de un determinado diseño institucional. Por supuesto que el carácter autónomo que la Constitución le imprime a los órganos electorales y las variantes de la arquitectura institucional de los mismos favorece que éstos se conduzcan de manera independiente a intereses externos o ajenos a ellos. Sin embargo, la autonomía debe verse como algo que se reivindica y se concreta día a día con cada una de las decisiones que las autoridades electorales toman en ejercicio de sus atribuciones.

Las presiones a los que las autoridades electorales están sometidas son muchas y son permanentes. Es algo obvio, una verdad de perogrullo, si se piensa que la función de dichas instituciones es la de ser árbitros de las contiendas electorales y por ello, responsables hoy no sólo de organizar y realizar las elecciones, sino también la de resolver diferendos entre partidos, fiscalizar sus cuentas, garantizar el acceso a los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, entre muchas otras atribuciones. El problema no es que esas presiones existan (tal vez no sean correctas, resultan indeseables y hasta podemos juzgarlas como reprobables, pero me temo que estaríamos entonces más ante juicios morales); el punto es cómo se comportan las autoridades electorales frente a esas presiones: si ceden a ellas la autonomía se desvanece; si son refractarias a las mismas, entonces la autonomía se robustece.

Ese es el gran dilema que cotidianamente enfrentan los organismos electorales. El recientemente creado Instituto Nacional Electoral nace, como ocurrió en su momento con el IFE que lo antecedió a lo largo de toda su historia, con el desafío de reivindicar y consolidar su autonomía constitucional frente a los poderes políticos y fácticos en cada una de sus decisiones, desde las que tienen que ver con la designación de sus altos funcionarios del área ejecutiva, hasta las que van construyendo paso a paso los procesos electorales; desde las que suponen el ejercicio de sus funciones técnicas (como el PREP o los Conteos Rápidos) hasta las que tienen que ver con la imposición de sanciones.

El reto del INE es ir construyendo cotidianamente una relación permanente y fluida con los todos los actores con los que debe vincularse, gobiernos (federal y locales), con los otros órganos del Estado, con los partidos políticos, con los concesionarios de radio y televisión, entre otros, pero siempre reivindicando y ejerciendo el respeto de su autonomía. Ese, estoy convencido será el mejor paso para consolidar la confianza ciudadana (que no puede partir de cheques en blanco) que es indispensable para realizar debidamente su función.

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