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Autonomía para el INE

La autonomía es la capacidad de la institución para tomar decisiones sin la interferencia de los poderes públicos y los partidos. Los legisladores y partidos tienen representantes en los consejos, en las comisiones, en algunos comités. Forman parte de los circuitos de deliberación, y están ahí para defender sus intereses y eventualmente hacer avanzar sus propuestas. Pero carecen de voto porque la responsabilidad de las decisiones recae en los consejeros que teóricamente están por encima de los intereses partidistas.

Existe un gran consenso en relación a que el único medio legal y legítimo para arribar a los cargos ejecutivos y legislativos son las elecciones. Las diferentes corrientes políticas están comprometidas con ello y en el mundo académico, el periodismo y en general en la vida pública, es difícil encontrar alguna expresión que disienta de lo anterior. Hoy, la idea democrática es hegemónica y con ella, se reconoce la centralidad del expediente electoral.

Pues bien, México ha logrado construir un auténtico sistema de partidos: equilibrados, implantados, fuertes. Son maquinarias poderosas que tienen un pie en la sociedad y otro en el Estado. Reciben prerrogativas importantes y ejercen sus derechos. Son un conducto eficiente para la acción política y una plataforma sobresaliente para el lanzamiento de candidatos a los muy distintos cargos. Esas poderosas maquinarias asisten a elecciones, se enfrentan a sus adversarios, despliegan sus recursos y ambiciones, tejen redes de relaciones, desatan aspiraciones, construyen legiones de seguidores.

Pero precisamente porque los partidos son por definición solo una parte, porque cuentan con recursos vastísimos, porque por naturaleza son parciales y entran en conflicto con sus adversarios, es necesario un organizador y un árbitro de sus contiendas que pueda situarse por encima de esas pasiones. La autonomía del órgano electoral aparece entonces como una necesidad dada la fortaleza de nuestro sistema de partidos -equilibrados-.

Pero la autonomía es necesaria también desde una perspectiva histórica. Recordemos que todavía en 1988, la Comisión Federal Electoral se integraba con el secretario de Gobernación, un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados y de los partidos en forma proporcional al número de votos que hubiesen obtenido en la última elección. En aquella crítica elección el PRI tenía en la CFE 16 votos por 12 del resto de los partidos; de tal suerte que si los representantes del Ejecutivo y el Congreso hubiesen votado con la oposición, aun así, el tricolor tenía mayoría: 16 contra 15.

De allá venimos. De órganos electorales que durante décadas fueron habitados por representantes de los poderes públicos y los partidos. El problema de esa fórmula era que todos ellos tenían filiación partidista y no se requería ser un gran detective para descubrir cuál de los competidores era al mismo tiempo el auténtico "juez".

Eso empezó a cambiar con la creación del IFE. La novedad: 6 consejeros magistrados que fueron por primera vez figuras no partidistas. Se les consideraba una especie de fiel de la balanza. En 1994, el Congreso llegó a la conclusión que para reforzar la imparcialidad del árbitro eran necesarios ajustes. En esa fecha los partidos perdieron su voto. Y en 1996 se dio una vuelta más a la tuerca. Los propios partidos decidieron en el Congreso que el secretario de Gobernación abandonara el IFE, que cada partido tendría su representante directo y que las diversas bancadas otro; todos ellos con voz y sin voto. Solo podrían decidir ocho consejeros electorales y un consejero presidente. A ello se le llamó, con una fea palabra, la "despartidización" del órgano electoral. Los comisionados de partidos y del Congreso serían una especie de vigilantes en el seno de la propia institución, pero la responsabilidad de las decisiones recaería en consejeros no alineados.

Fueron los propios partidos y sus bancadas en el Congreso los que decidieron forjar un arbitraje por encima de ellos mismos, de tal suerte que la organización electoral estuviera fuera de cualquier duda de parcialidad.

Y por último: la autonomía es necesaria porque el proyecto más ambicioso que se despliega en la sociedad mexicana es el de construir un hogar en donde la diversidad de corrientes políticas que la cruzan puedan convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada. Ese fue y sigue siendo el reto mayor. Y ello solo es posible con un organizador y árbitro autónomo. Que así sea el INE.

Extractos de un texto leído en la celebración del 23 aniversario del IFE.

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