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Buenas bases para el INE: lástima de subrepresentación

Con la reciente integración del consejo general del Instituto Nacional Electoral inició una nueva etapa en la institucionalidad democrática mexicana. La nueva autoridad no sustituirá a los institutos electorales de las entidades federativas, pero designará a sus consejeros y ejercerá algunas de las funciones que en el pasado correspondieron a los órganos locales.

Esta tendencia hacia la concentración de funciones no es nueva. En el pasado ya se habían centralizado actividades cuyo despliegue unificado reporta ventajas comparativas. Las entidades optaron por utilizar la credencial para votar y el listado nominal federales para sus procesos locales. Desde la reforma de 2007, el IFE se constituyó en administrador único en cuanto a tiempos en radio y televisión.

Ese razonamiento de unificar procesos de alta complejidad técnica se advierte nuevamente en el diseño del INE que deberá —para la federación y para las entidades— determinar la geografía electoral, organizar un servicio profesional electoral nacional y generar reglas para encuestas y conteos rápidos, entre otras funciones.

Por eso fue tan importante que la integración del INE se desarrollara en forma escrupulosa. Es venturoso que, en apego a estándares democráticos internacionales (Código de buenas prácticas electorales de la Comisión de Venecia) las reglas para la integración del consejo general hayan quedado plasmadas directamente en la Constitución y encuentren salvaguardas para garantizar competencias profesionales (dictamen previo del comité técnico), independencia e imparcialidad en sus miembros (voto por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados).

El INE comienza bien, al haber contado sus primeros integrantes con el voto aprobatorio de 417 diputados (90% de los presentes) días antes del plazo límite. Preocupa que sólo tres mujeres (28%) sean parte de ese organismo, inclusive por debajo de lo alcanzado en integraciones previas (33% en 2003). El dato no es menor, si se considera que a este órgano corresponderá vigilar que los partidos cumplan el precepto constitucional en materia de paridad.

Pero, sobre todo, el Instituto Nacional Electoral comienza bien su camino porque lo hace sobre la base de una de las instituciones más sólidas que ha tenido el país. El IFE organizó elecciones federales ordinarias en ocho ocasiones. En éstas se contabilizaron poco más de 275 millones de votos, con los que fueron electos 4 mil 868 funcionarios. Cuenta con un servicio profesional altamente especializado y con un padrón electoral robusto que incluye a 88.7 millones de ciudadanos.

Pero si bien hay activos importantes, debe decirse que el INE deberá resolver desafíos en muy cortos plazos, muchos de los cuales no pueden iniciar sino hasta que sean expedidas las leyes secundarias (plazo límite: 30 de abril):

- Planificar un proceso electoral federal intermedio en apenas 18 semanas, ya que el inicio podría adelantarse al mes de septiembre.

- Revisar y, en su caso, adecuar más de 20 reglamentos.

- Definir el tema de la eventual integración (ratificación o designación) de institutos electorales de las entidades federativas. Además de la elección federal, en 2015 habrá comicios en 17 entidades. En conjunto se elegirán 2 mil 152 cargos.

- Expedir lineamientos claros sobre la facultad de atracción en caso de elecciones locales. Éstos deben evitar, antes de que lleguen los casos, cualquier asomo de duda sobre la discrecionalidad de las decisiones.

- Generar lineamientos de fiscalización contundentes y que sean útiles para los regímenes sancionatorios y de nulidades.

Hace 23 años el IFE empezaba su vida en medio de incertidumbre. Cumplió con creces las expectativas. Ahora el INE comienza su ciclo desde mejores bases.

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