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Opinión

CNDH, defensora de los contribuyentes

SOCIEDAD Y DERECHO

Por: Juan Bautista Lizárraga Motta

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que pueden ser impugnadas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las leyes fiscales que violen derechos humanos.

Al resolver en ese sentido la acción de inconstitucionalidad promovida por dicha Comisión en contra de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de varios municipios del estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de 2018.

La acción de inconstitucionalidad es: “un procedimiento seguido en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en plano, que tiene por finalidad preservar la supremacía de la Constitución mediante la derogación de leyes y tratados internacionales que la contraríen” (consultable en el siguiente link http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/accion-de-inconstitucionalidad/).

Esta acción está prevista en la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyendo un medio de control de constitucionalidad, al igual que el juicio de amparo, pero distinguiéndose de este último en que, a diferencia de aquel, la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto de constitucionalidad, además de que únicamente puede ser promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solo por los órganos del Estado y las autoridades que señala la segunda fracción del artículo mencionado.

Entre dichas autoridades facultadas para promover la acción de inconstitucionalidad se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio de la cual combate leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.

La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto determinar si una disposición de la legislación ordinaria, ya sea federal o proveniente de tratados internacionales, es contraria a alguna disposición constitucional. De declarase procedente dicha acción, dará lugar a la invalidez de la disposición tachada de inconstitucional. Esto implica la anulación de la norma cuestionada con efectos generales. Dichas sentencias son publicadas en el Diario Oficial de la Federación para efectos de hacerlas públicas. Lo novedoso de la decisión de la SCJN es que, con la resolución de la acción comentada, ha quedado definido que el espectro facultativo de la acción de inconstitucional que puede ejercitar la CNDH, comprende también a aquellas leyes de carácter impositiva (fiscales) que en sí mismas sean violatorias de derechos humanos, ya sea por ser inequitativas o desproporcionales, o que en su proceso legislativo de creación no se hayan respetado los pasos y requisitos que la Constitución señala. Esto conlleva un importante beneficio sustancial para las personas comunes, pues son estas quienes en definitiva resienten las consecuencias de pagar contribuciones con montos abusivos y exhorbitantes, pero que la mayoría de las veces no cuentan con los recursos económicos suficientes para contratar un abogado capaz que impugne dichas normas fiscales arbitrarias. Del mismo modo, de esta manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumple de manera más eficaz su función protectora de derechos humanos, al estar facultadas para poder combatir y lograr la nulidad e inaplicabilidad de normas fiscales violatorias de estas máximas prerrogativas.

Como siempre, un placer saludarlo; esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!