Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

Cacerolismo

GUASAVE

El gobierno de Sinaloa tiene el deber, si no de resolver el conflicto de los hombres del campo, que radica en la falta de pago de cosechas atrasadas y precios justos al maíz, al menos debe ser puente de gestión, para que la Federación a su vez dé una respuesta en positivo.

Los ánimos de los productores, como se apreció el martes en Culiacán, se han tensado a grados peligrosos por la insolente indiferencia del gobierno para ejercer lo que es su obligación: políticas públicas rentables al campo.

En esas circunstancias, Mario López Valdez no puede eludir la responsabilidad que le toca como gobernante local y como tal interceder, ante instancias competentes que se garantice a los agricultores el derecho a sobrevivir medianamente de la única actividad que desarrollan, más allá de la palabrería y "juntitas" en petit comité con funcionarios que vienen y no arreglan nada.

Ahora bien, si los economistas del gabinete que arbitran los apoyos a la comercialización de granos, están en lo justo, no lo sabemos. Nuestras entendederas no alcanzan a descifrar cuánta razón les asiste para mostrar esa cerrazón y negarse a intervenir para ayudar a los productores.

Quizá el gobierno federal proceda adecuadamente, conforme a la visión que desde sus cómodos, refrigerados y amplios despachos tienen de la actividad agrícola y su realidad, pero lo cierto es que tal perspectiva es en función de su propia antipolítica y mercantilística óptica.

Dar reversa a los acuerdos mutilando los apoyos fiscales que se habían pactado para proteger al agricultor interno del vaivén de los precios internacionales del maíz para hacerlos competitivos, aunque empresarialmente sea correcto, no es precisamente una medida políticamente atinada.

A lo mejor desde aquí los simples mortales, profanos de la economía no captemos la sabiduría y destreza de los exquisitos señoritingos que desgobiernan este malhadado país, ni entendamos los alcances de "su experiencia" que en mala hora ponen al servicio de los mexicanos.

Desde ese punto de vista, tal vez, los equivocados son los productores, los guasavenses maiceros, los sinaloenses y no los que desde la ciudad capital, dictan, cómo, cuánto y cuándo, en complicidad remunerativa con los grandes industriales de la masa y la tortilla, es lo que debe pagarse por cosecha y que deciden si dan o no estímulos, sin atender la elemental lógica del mercadeo ni el sentido social que hay que aplicar a la producción de alimentos.

No es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto hace lo mejor para terminar con los lastres que heredaron 70 años de priismo y 12 de los panistas.

Eso es evidente, porque en lugar de mejorar como prometió EPN, se camina para atrás y su gobierno acorrala con la injusticia e insensibilidad la actividad primaria de Sinaloa y todo lo que ella implica para la economía y su sociedad.

¿Por qué no se entiende, si el gobierno federal está actuando en función del beneficio popular, sus decisiones, particularmente en el caso de la comercialización de las cosechas, gran parte del campo está convertido en un polvorín a punto de explotar?

Igual cuestionaría: ¿son las acertadas medidas gubernamentales la causa por la que miles de productores agrícolas en un acto de desesperado cacerolismo se lanzan a la calle?

¿Acaso lo hacen porque están muy contentos con el trato que reciben y por ello se animan incluso a ir contra la ley tomando por la fuerza instalaciones gubernamentales?

Son preguntas.