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Candidaturas Independientes (parte I)

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

El antecedente legislativo con respecto a las candidaturas independientes en el México contemporáneo se halla aquí en Sinaloa, y fue formulado por el suscrito desde 1997, a través de una iniciativa ciudadana que presenté desde ese año ante el Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción V, del artículo 45, de la Constitución Política Local. En la referida iniciativa iban incluidos los temas de democracia directa, denominados revocación de mandato, plebiscito y referéndum.

La presenté cuando operó la LVI Legislatura Local. Es una de las tantas que quedó rezagada en ese tiempo. Ante ello, volví a presentarla en la siguiente legislatura (LVII). Al fin fue dictaminada el día 25 de octubre de 2001, por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, presidida por el entonces diputado, doctor en derecho Francisco C. Frías Castro, hoy, por segunda ocasión, secretario de Educación Pública y Cultura. Por cierto, el más brillante, preparado y ecuánime funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa, a cargo de Mario López Valdez.

El citado dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, el martes 30 de octubre de 2001, emitiéndose el Decreto 714, el 31 de octubre del mismo año, y publicado en el Periódico Oficial el 10 de octubre de 2003; habiendo quedado pendiente de dictaminar lo referente a las candidaturas independientes. La mencionada Comisión estimó a estas como un tema para ser objeto de análisis en un estudio posterior, ya que estaba relacionado, desde ese tiempo, con la reforma electoral. Ese es el argumento que se lee en el primer párrafo de la página 76 del mencionado dictamen.

Quince años más tarde de haber presentado el suscrito la primera iniciativa sobre el tema que nos ocupa, fue reformado el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, para instituir en México las candidaturas independientes, ordenándose por el artículo Tercero Transitorio del Decreto 258, del 9 de agosto de 2012, se emitiera dentro del plazo de un año la legislación secundaria, el cual venció el 10 de agosto del 2013 y no se hizo. Fue hasta el 23 de mayo de 2014 en que se publica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en que por fin quedan reguladas dichas candidaturas.

Lo importante es que su institucionalización constituye un paso de gran trascendencia histórica para la vida democrática de nuestro país, y cumple, además, con la anhelada aspiración de la mayoría del pueblo de México, de romper con el monopolio de los partidos políticos en los procesos electorales. Lo malo es que el legislador federal se excedió demasiado en los requisitos para ser candidato independiente. De estos y otros detalles hablaré en la segunda parte de esta colaboración.

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