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Canonjías sin nombre

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Al menos la mitad, si no es que la mayoría de los principales gobiernos municipales cubren sueldos fuera de lo común a líderes y personal de los sindicatos respectivos, lo que ha sido recurrente calificado como una abierta ilegalidad por la Auditoría Superior del Estado.

De acuerdo a las revisiones que la ASE realiza semestralmente a los ayuntamientos, surgen las observaciones de las que se exige que se subsanen tales irregularidades, pues los dirigentes y demás personal asignado a las tareas de la organización, cobran sin trabajar en ninguna de las áreas del servicio público.

Es de suponerse que los privilegios de los que gozan esos dirigentes sindicales -sin merecerlos-, son producto de las negociaciones de tipo político que sostienen con esas organizaciones con el propósito -obvio- de que no causen problemas laborales que afecten la marcha de los servicios que prestan las comunas.

De hecho, los alcaldes que se ven orillados a autorizar esas y otras canonjías a los sindicatos y sus dirigentes, reiteradamente se niegan a subsanar esas irregularidades que van en contra de sus economías, de suyas bastante golpeadas por los saqueos y corrupción que cada tres años llevan a cabo quienes les toca en suerte ser electos para gobernar.

Lo curioso del caso es que a pesar de la clara ilegalidad en la que incurren los gobiernos locales y la insistente petición de la ASE para que dejen de estar violando la ley, los presidentes municipales hacen caso omiso a las recomendaciones.

Municipios como Culiacán, Ahome, Guasave, Elota, Mazatlán, sólo por citar a los más importantes ayuntamientos, pagan a los líderes sindicales y demás personal que se le asigna, impresionantes sueldos sin que ejecuten ningún trabajo ligado al gobierno y que mucho menos corresponden al estatus laboral que en teoría tienen.

Pero siendo lo anterior muy grave, pues los megasueldos corren a cargo de los recursos públicos sin ningún sustento legal, lo peor es que, no obstante que la ASE esta facultada para sancionar a los ayuntamientos, jamás lo ha hecho y sólo se limita tímidamente a pedir que ya no se siga con las anomalías que cada seis meses detecta.