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Carabinas de Ambrosio

GUASAVE

Cuando en México las leyes hechas para normar la convivencia social y en su caso penalizar a los maleantes, resultan ser textos inútiles como en la práctica lo evidencia la ramplona impunidad existente, la excepción no son aquellas que se inventan para castigar otras conductas antisociales.

No se desconoce, que en la mayoría de las ocasiones, empujadas por la ciudadanía misma, las reformas constitucionales que se hacen al marco jurídico no sean necesarias.

Digo, ateniéndonos a la teoría de que la actualización en todos los rubros de la justicia es importante como medio para que se cumpla con el estado de derecho al que legítimamente aspira toda sociedad democrática.

Sin embargo, siendo objetivos, la solución a la impunidad no estriba en el cúmulo de adecuaciones a la Constitución, códigos penales o incorporación de nuevos instrumentos para regular el comportamiento de grupos sociales, políticos o gubernamentales que sólo obedecen a sus intereses, sino al desprecio que hay por parte de los responsables de aplicar los ya existentes.

Los mexicanos estamos plenos de leyes, de corporaciones, de fiscalías, como la de la Auditoría Superior del Estado y la de la Federación, herramientas sobre cuyos funcionamientos frecuentemente se legisla, más con ganas de dar atole con el dedo o en el mejor de los casos apaciguar los tibios reproches de una sociedad harta de la imperturbabilidad de una justicia, cualquiera que se trate, que difícilmente procede en consecuencia.

Ejemplos sobran sobre la ineficacia de los órganos procuradores de la paz y la tranquilidad social en todos sus órdenes y por lo tanto son magros los resultados en la impartición de la justicia, subordinada por lo general a la conveniencia del dinero o de los poderes políticos.

Quizá lo más emblemático de las deficiencias que se traducen en omisiones y complicidades de los responsables de su honesta operación, son la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Aún siendo órganos fiscalizadores dependientes de distintos poderes, pues uno es del Legislativo y el otro de gobierno de Sinaloa que en teoría persiguen el mismo objetivo, o sea que los funcionarios públicos se ajusten a la decencia, el orden y la ley, ninguno puede jactarse de cumplir con el deber que les han encomendado.

No en balde cuando diputados, servidores públicos, el gobernador o el propio presidente de la república, dan a conocer compromisos de que ahora sí se van a proceder las denuncias que se desprenden de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, sólo encuentran a un público escéptico, desconfiado y en algunas ocasiones, respondón.

Por lo que en Sinaloa se ha visto, querellas van y demandas vienen y si bien es cierto son recepcionadas por las instancias competentes, ¿o sería mejor decir, incompetentes?, acaban por echarse a la basura o en el mejor de los casos, durmiendo el sueño de los justos en los amontonados cartones de sus oficinas.

Ha habido muchos casos que a pesar de estar documentados, jamás se ha sabido que tengan consecuencias que enseñe la voluntad de las autoridades ya no por castigar a los culpables, sino ni siquiera son tocados con el pétalo de una citación judicial.

Déjense pues entonces de circunloquios y retóricas, porque si en el caso de la Auditoría Superior del Estado y la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas no están dispuestas a demostrar en la práctica a cumplir con su obligación, mejor que se ahorren en andar buscando irregularidades con ganas de no encontrarlas.