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Opinión

Cargos indebidos a tarjetas de crédito, ¿qué hacer?

SOCIEDAD Y DERECHO

Por: Juan Bautista Lizárraga Motta

A quién no le ha sucedido que le hayan hecho un cargo en la tarjeta de crédito (lo más común) sin que la hubiere autorizado el titular.

Por desgracia es muy frecuente que aparezcan compras en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito sin que la hubiere autorizado el titular, ya sea porque la clonaron o de alguna manera los ladrones cibernéticos consiguieron entrar al sistema y realizar el cargo.

En estos casos es común que se accionen medidas de seguridad, la tarjeta se bloquea y el banco le avisa al titular respecto al cargo detectado.

En el evento de que el cargo indebido ya haya sido hecho, el banco debería asumir toda la responsabilidad, reparando el daño patrimonial sufrido por el cuentahabiente, reembolsando a este la cantidad de la que fue privado, pues a final de cuentas es dicha institución financiera quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de la adecuada y correcta disposición de los fondos confiere a sus clientes.

Cuando en estos casos la institución financiera se niega a resarcir la lesión ocasionada a su cuentahabiente, este tendrá que echar mano de las acciones legales que tenga a su favor para lograr el cumplimiento de sus derechos.

En el caso en contexto, es pertinente que el afectado acuda en una primera instancia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a presentar la queja respectiva. De no lograr en este primer momento una solución satisfactoria, el afectado podrá ejercitar la acción de “nulidad de cargos por falta de consentimiento”, que se tramita en la vía oral mercantil ante los juzgados civiles o juzgados de distrito, a elección del demandante.

Al resolver la pretensión de nulidad de cargos derivados de tarjetas de crédito, débito o retiros en ventanilla por falta de consentimiento, el juez deberá tomar en cuenta la causa de pedir con base en la doctrina o teoría de los actos propios, que permite limitar un derecho subjetivo para proteger el interés de quien confió en el comportamiento previo de su titular.

En nuestro sistema jurídico la buena fe se define como la creencia de que una persona actúa conforme a la ley; constituye un principio general del derecho consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. A partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior.

Encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

En este caso, el juez, al resolver el juicio de nulidad de cargos, debe privilegiar el dicho del cuentahabiente, que afirma no haber realizado los cargos que por esa vía impugna, ya que esa confianza se la otorgó a este desde un principio la propia institución bancaria, al conferir a su favor el mencionado instrumento financiero. Lo cual encuentra fundamento y apoyo en la tesis de rubro: NULIDAD DE CARGOS DERIVADOS DE TARJETAS DE DÉBITO, CRÉDITO O RETIROS EN VENTANILLA POR FALTA DE CONSENTIMIENTO. ES POSIBLE EXAMINARLOS CON BASE EN LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el pasado viernes 4 de enero del 2019.

Como siempre un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad. ¡Hasta la próxima!