Opinión

Diálogos pánicos

EL ASALTO A LA RAZÓN

Por  Carlos Marín

Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación (con experiencia en seguridad, inteligencia y terrorismo), quien tiene discrepancias políticas de fondo con la titular Olga Sánchez Cordero, sigue comprensibles pero riesgosas instrucciones del presidente de la República negociando… con criminales.

Es el funcionario que escandalizó al entrometerse en asuntos partidistas, apoyando la intentona de prolongación del mandato del gobernador electo de Baja California, pese a que la ilegalidad había sido reprobada por la señora.

Ambos coinciden ahora en negociaciar con grupos de civiles armados, algunos de los cuales tienen relaciones de complicidad con la delincuencia organizada.

López Obrador explicó ayer que se trata de diseñar mecanismos para buscar la pacificación en el país, pero sin entablar diálogo con grupos criminales. Tampoco, dijo, se quiere promover autodefensas. “No vamos a promover nada que signifique autodefensa. Lo que hicieron los gobiernos pasados fue indebido porque la seguridad la debe garantizar el Estado. No podemos promover la creación de grupos en temas de seguridad”.

Y antes informó: “No se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina, no tenemos esa relación. En el Plan de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero es un proceso que todavía no iniciamos…”.

Pues ocurre que el subsecretario Peralta Saucedo lo inició ya. Primero en Tamaulipas y estos días en La Huacana, Michoacán, negociando con infractores de la ley que humillaron hace poco al Ejército Mexicano, apaleando, desarmando y reteniendo por varias horas a soldados y obligando a su comandante a devolver las armas de uso prohibido que se les habían asegurado.

El gobernador Silvano Aureoles lamentó este martes: “Me duele que a los que ultrajaron y maltrataron a los soldados de México los premien. Viene el subsecretario Peralta a darle dinero a los delincuentes”, con la idea de que son ejidatarios avalados por el doctor José Manuel Mireles Malverde. “No hay grupos de autodefensas armados, sino criminales que se hacen llamar autodefensas”, dijo el mandatario.

Alejandro Hope, columnista de El Universal especializado en seguridad, hace notar que, si no hay algún beneficio jurídico, nada justifica que el Estado no persiga los delitos que han cometido. “¿Por qué no hacerlo con toda la fuerza de la Ley? Se trata de responsables de violencia homicida. El gobierno está dialogando con asesinos y la línea entre algunos grupos de autodefensa y bandas abiertamente criminales no está delineada. Para que tenga éxito un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, se requiere un marco legal (amnistía o indulto), normas precisas…”.

Y es que, por más que se quiera pacificar el país, el juarista “nada por encima de la ley” incluye las rolleras “mesas de diálogo” y de cualquier tipo de “negociación…”.