Opinión

Perverso juego veneno-antídoto

EL ASALTO A LA RAZÓN

Por  Carlos Marín

La piadosa iniciativa de última hora para que también se lleve a consulta si debe o no promulgarse una ley de amnistía que dizque beneficie a los expresidentes retrata la esquizofrénica perversidad con que los devotos de la 4T pretenden hacer creer que son “justicieros”, pero se les asoman los calzones: en vez de dar la cara y su firma en una o más denuncias formales ante el Ministerio Público, o aceptar que se equivocaron de ventanilla y retirar la petición que llegó ya a la Suprema Corte de Justicia, se lavan las manos y avientan sus responsabilidades a “la voluntad del pueblo”.

Curtidos en el rencor, azuzan el envenenamiento social pero, súbitamente generosos, ofrecen el antídoto del olvido.

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El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, dio a conocer el cuento para idiotas de que, si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley, y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la propuesta.

Arguyó: “Quien suscribe la presente iniciativa (o sea Gómez) es contrario al olvido, pero por eso mismo el asunto debe dejar de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el dictado popular con un no al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes. Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita…”.

La insania es evidente porque, de hacerse realidad la insensatez de someter a votación ciudadana la procuración y la impartición de justicia, la respuesta se conoce ya: sí al “juicio”, no a la amnistía.

Preguntas de respuesta inducida no son éticas y menos cuando se pretende someter a votación asuntos que son responsabilidad de la administración pública. Astutos, muchos expendedores de licuados preguntan: “¿Con uno o dos huevos?”, apostando a que el cliente caiga en la trampa de la disyuntiva y pague más de lo que costaría un simple batido de fruta.

De los ex, lo más probable sería que hasta los aludidos respondieran “sí” a la pregunta: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Por el contrario, es inimaginable que alguien diga “sí” al olvido jurídico, o sea la amnistía, de los probables delitos cometidos por los expresidentes, como sucedió con los familiares de víctimas de la delincuencia organizada cuando eso se les sugirió.

Si absurdo es recurrir a una consulta para ver si la Fiscalía General de la República inicia o no investigaciones penales contra quien sea, promover otra para el olvido es, simplemente, demencial.

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