Opinión

Ruines motivos contra Rosario

EL ASALTO A LA RAZÓN

Por  Carlos Marín

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, cometió la colosal imprudencia de revelar el verdadero motivo de mantener en la cárcel a Rosario Robles: a diferencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la señora no ha sido “solidaria” ni “cooperado” con el Ministerio Público.

Grave confesión porque no existen los delitos de “falta de solidaridad” o de “cooperación”.

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Lo dicho por el fiscal no pudo ser ante una audiencia mejor ilustrada: el Seminario sobre Violencia y Paz que organizó el Colegio de México, donde se le preguntó la causa de que el Ministerio Público Federal no hubiera solicitado prisión preventiva contra Emilio Lozoya, quien goza de reclusión domiciliaria, mientras la ex secretaria de Desarrollo Social y la Sedatu continúa en la cárcel.

Con escandalosa frialdad, Gertz Manero contestó:

“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentado, él está pidiendo eso. En el otro caso (el de Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”.

Según el fiscal, “la jerarquía de los daños merecerían la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa estafa maestra, que no solamente dañó con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones de educación superior que hayan sido usadas para eso y que tengamos 27 casos con decenas de personas procesadas y gente que ha huido y ha tenido sentencias o toda clase de procedimientos probados”.
¡Ah chingá!

¿Y por qué ninguna autoridad universitaria de las muchas implicadas en la expedición de facturas apócrifas ha sido sujeta de persecución?

Entre los casos Robles y Lozoya las diferencias son abismales: ella no está acusada de una afectación al erario federal; enfrenta un proceso por el supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción, considerado “no grave” que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño.

La inaudita confesión del fiscal equivale a que la tiene en la cárcel porque no quiere “delatar” a otras personas que quizá ni siquiera conoce.

No se requiere haber estudiado Derecho para entender la infamia perpetrada contra la acusada, pero su abogado Epigmenio Mendieta la precisa: “Los dichos del fiscal contravienen el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a los derechos del imputado, que señala en su fracción Primera que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; en su fracción XIV a no ser expuesta a los medios de comunicación y en su fracción XV a no ser presentada ante la comunidad como culpable…”.

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