Opinión

Una revelación alarmante

EL ASALTO A LA RAZÓN

Por  Carlos Marín

En la sesión del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este reciente lunes (17 de febrero), su presidenta hizo una grave revelación que pasó desapercibida en los medios, al dar en público las razones que tuvo para cerrar el despacho creado ex profeso para investigar las violaciones cometidas por servidores públicos durante y después del levantamiento y muy probable asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Desaparecimos la Oficina del Caso Iguala por demanda de las victimas…”.

Es la primera vez que deja claro su propósito de acoplar lo que sea que en adelante haga la institución a una complacencia política.

Que la extinción de aquella oficina fuera en respuesta a la petición de los padres había sido negado categóricamente por el abogado Vidulfo Rosales y el vocero Felipe de la Cruz el mismo día en que se oficializó (martes 28 de enero) la defunción de aquel gabinete, pero esa noticia se dio al día siguiente de que la señora se había reunido con los deudos y sus representantes.

Una segunda causa para la desaparición de la Oficina Especial citada por la presidenta de la CNDH es que fue “onerosa”. Esto revela que Piedra ignora cómo funcionó y que no leyó la recomendación, donde viene a detalle que, para no impactar la economía del organismo, se dispuso de los recursos existentes: plazas vacantes y empleados de las diversas áreas de la Comisión fueron adscritos a esa oficina, misma que trabajó sin presupuesto extra y nunca manejó dinero. Su operación fue soportada con los recursos previstos para las áreas de origen del personal asignado.

Era lógico que los padres y sus representantes pidieran la desaparición de la Oficina Especial porque buscan desactivar las únicas tres cosas de la recomendación (formulada durante la gestión de Luis Raúl González Pérez) que no les gustaron:

El envío a los laboratorios de la universidad Innsbruck de los 114 restos óseos propuestos para su análisis genético, por la probabilidad de que se identifique a otros normalistas victimados (como lo fueron Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz). En este punto, es inexplicable que no se haya acatado la recomendación pese a la probabilidad de que todos o ninguno de los fragmentos correspondan a los estudiantes desaparecidos, pero sí a otros de las decenas de miles de desaparecidos que dizque se buscan.

La corroboración de que el móvil del crimen implicó el involucramiento de líderes estudiantiles con la narcobanda de Los Rojos, (enemigos de Guerreros Unidos), pese a la precisión contenida en el informe de que ninguno de los jóvenes de nuevo ingreso formaba parte de alguna organización delincuencial.

El hecho de que se reafirme que en el basurero de Cocula hubo quema de cuerpos humanos, dato clave para el rechazo de la “verdad histórica” pero avalado tanto por el Equipo Argentino de Antropología Forense como por prestigiados expertos internacionales. Lo negó uno solo que ni siquiera levantó alguna muestra en ese muladar.

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