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Centralización electoral

SUSTANCIA SIN RETÓRICA

La última reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de este año, en lo que se refiere a la materia electoral, atenta contra el principio federalista, al establecer que el Instituto Nacional de Elecciones pueda hacerse cargo de los procesos electorales locales con la simple aprobación de una mayoría de ocho votos de su Consejo General.

Ello es así porque el Artículo 41 de la Constitución Federal establece que dicho instituto podrá asumir y reasumir directamente en cualquier momento la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales; atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de dichos órganos, cuando su trascendencia así lo amerite, o para sentar un criterio de interpretación; incluso se le faculta para designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales.

Por si ello fuera poco, además será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión.

A este respecto dispone la norma constitucional que para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado precisamente en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate.

Asimismo, ordena que para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible.

Únicamente le faltó señalar al Constituyente Permanente que dicho instituto sería una especie de Supremo Poder Conservador, al estilo del que existió en las siete leyes constitucionales de 1836 bajo el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna, que dio al traste contra el sistema federalista de la Constitución de 1824.

La reciente reforma constitucional en materia político electoral hizo añicos a dicho principio federalista, por más argumento que se empeñen en proporcionar los mercaderes de la representación popular. La citada reforma no resiste un estudio serio y básico si se le examina bajo el principio federalista, trazado por los arquitectos iniciales de la patria. Si despertaran estos, de su tumba, se levantarían en armas por esa gran afrenta para la República, haciendo funcionar de manera viva e incendiaria el concepto de soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo. Y harían que todo poder público dimanara realmente de él y se instituyera para su beneficio. Así el pueblo tendría en los hechos, en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. También lucharían porque el petróleo volviera a ser propiedad de la nación y no de intereses de magnates y empresas transnacionales, apoyados por testaferros mexicanos apátridas.

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