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Cierran puerta a CEDH

NUESTRA OPINIÓN GUAMÚCHIL

Con la frase "vamos de mal en peor", el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Ríos Estavillo cuestionó al Poder Judicial del Estado por haberle negado en varias ocasiones información solicitada sobre casos donde se investigan actos de tortura y violaciones a las garantías individuales de los individuos detenidos.

El ombudsman, quien tenía bastante tiempo en no aparecer ante los medios de comunicación y dar declaraciones, arremetió duro contra los jueces locales, que han optado por mandar los expedientes a jueces federales para que sean ellos los que resuelvan la postura que el juez local debe definir en los diferentes casos.

Todo lo anterior viene a colación por el resultado del nuevo estudio que fue presentado y practicado por el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, lo cual es una ratificación al resultado de la recomendación emitida por la CEDH, donde se acreditó que la acusada Yesenia Armenta Graciano, sí fue torturada por policías, para que se declarara culpable por el asesinato de Alfredo Cuen Ojeda.

Pero las inconformidades de la CEDH no se quedan ahí, Ríos Estavillo fue más allá al reprobar que los jueces penales no acepten las aportaciones de la comisión, por ser considerada como autoridades meramente administrativas.

Algo que debe de preocupar a todos, principalmente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, es que actualmente se sigan presentando casos de tortura, como un mecanismo para obtener declaraciones. Y aunque sí bien este tipo de prácticas violatorias a los derechos humanos se ha reducido, sí siguen existiendo y están comprobadas por expertos certificados en ellas.

De muy poco sirve que a estas comisiones de los derechos humanos, se le asigne un presupuesto con recursos públicos, si su trabajo no es tomado en cuenta por las mismas autoridades. El caso de Yesenia Graciano no es el único en Sinaloa, y tanto este, como en los anteriores, podrían ser resueltos en instancias federales, a pesar de ser asuntos del fuero común.