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Coadyuvantes irregulares

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Las informaciones periodísticas que surgen de los no pocos hechos violentos o accidentales que se producen en Sinaloa, se han convertido, para los procesos de investigación y persecución, en documentos testimoniales sobre los que aparentemente se basan decisiones ministeriales.

El que la Procuraduría General de Justicia del Estado recurra frecuentemente a la cobertura periodística para fundamentar o refutar, según sea el caso, elementos probatorios de cualquier juicio penal, constituye, sin duda, una evidente falla de sus mecanismos de investigación.

Es decir, el hecho de que para establecer responsabilidades sobre algún indiciado, las autoridades ministeriales requieran las informaciones de los comunicadores, aun cuando se realizan dentro de los parámetros legales, el recurso no deja de ser una herramienta irregular.

El utilizar a periodistas o, en su caso, las informaciones que publican para sustentar los asuntos penales que procesan en las agencias del Ministerio Público, muestra, entre otras cosas, que la capacidad profesional del personal de la procuraduría deja mucho que desear.

En primer término refleja que en la Procuraduría General de Justicia existe una absoluta ineficacia para el desarrollo de las investigaciones, lo que a su vez pone al descubierto que su personal no se encuentra calificado para el delicado trabajo que llevan a cabo, que en el mejor de los casos provoca que muchos culpables salgan libres, porque el peor es que esas deficiencias estén mandando inocentes a la cárcel.

La calidad testimonial del material periodístico que se aplica en las investigaciones, en ocasiones registra omisiones, si no es que de plano está distorsionada, ya por errores involuntarios, ya por levantamiento de datos imprecisos o equivocados totalmente, que en un momento dado pudieran incidir en detrimento de la aplicación correcta de la justicia.

Lo anterior, con todo y ser muy grave para asuntos de la ley, también este tipo de requerimientos por parte de las autoridades hacia las empresas y los propios reporteros que son llamados a declarar, tienen un impacto en los tiempos y los horarios de quienes no tienen nada que ver en la ejecución de los delitos, y mucho menos con el seguimiento de los procesos.