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Coahuila, Nayarit y el 2015

¿Pueden extraerse algunas lecciones o hacerse reflexiones de los comicios de hace algunos días en Coahuila y Nayarit, con vistas a los comicios de 2015? La proyección no es ni puede ser automática, dado que en 2015 son elecciones federales, intermedias, y habrá comicios concurrentes para nueve gobernadores, lo que no ocurrió en Coahuila y Nayarit, donde no se puso en juego la gubernatura. Sin embargo, hay algunas reflexiones que pueden ser sugerentes.

En estos comicios, pese a la petición de PAN y PRD, el INE no podía intervenir directamente ni mucho menos atraer la elección, pues no había las condiciones legales ni los tiempos para ello. Será hasta 2015 cuando ya puedan ejercerse tales facultades en elecciones locales. Pero eso no significa que algunas de las irregularidades detectadas en estos comicios, sobre todo en Nayarit, no puedan ocurrir en 2015. Si bien es cierto que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), es decir, los antiguos institutos electorales, ya estarán operando bajo leyes y pautas de carácter nacional, con la participación o coordinación del INE, y que sus consejeros habrán sido nombrados sin la injerencia de los grupos políticos locales (que no eran solamente los gobernadores, sino también los partidos políticos), nada impide que los gobernadores metan mano una vez iniciado el proceso electoral, cuando ya no sea posible que el INE atraiga esos procesos. Habrá mayor y mejor fiscalización, nos prometen, pero eso mismo no evitará la mano negra de los estados locales. Lo que también hubo en Nayarit fue la flagrancia de la intervención de la delegada de Sedesol en esa entidad, ofreciendo despensas y dinero a través del PRI. Algo que ocurrió en los comicios de 2013 y se supone no volvería a repetirse. Lo que se pone aquí a prueba es la voluntad o incapacidad del Ejecutivo Federal para controlar a su aparato, pero también las nuevas disposiciones en materia de delitos electorales: de nada sirve agregar nuevas figuras o elevar las penas en las ya existentes si no se van a aplicar (como nunca ocurre en el caso de funcionarios de cierto rango). Con todo, pese a haber sido la de Nayarit catalogada como "elección de Estado" por los opositores, el candidato panista ganó en la capital de la entidad, lo que no implica que no haya habido mano negra —que nada justifica— sino que ésta tiene ciertos límites en sus efectos.

En el caso de Coahuila, el PRI prácticamente ganó carro completo, lo que es habitual en esa entidad que sigue regida por un partido hegemónico. Sin embargo, en elecciones previas (incluida la presidencial de 2012) el voto por el PRI descendió mucho en favor de otros partidos, lo que se leyó como un voto de castigo por la corrupción ventilada —y no penalizada— de Humberto Moreira, exgobernador de la entidad y hermano del actual gobernador. ¿A partir de lo cual podría inferirse que los ciudadanos ya "perdonaron" tales agravios, y vuelven a votar alegremente por el PRI? No necesariamente. La explicación más probable es que en comicios intermedios, cuando el Ejecutivo —local o federal— no está en disputa, el nivel de participación se reduce significativamente (40% en Coahuila), y en tal caso, los que más concurren a las urnas son los votantes duros de los partidos. Y en donde el PRI gobierna, su voto duro es más amplio y robusto.

Algo parecido podría ocurrir en los comicios intermedios federales; si bien desde 1997 el partido gobernante paga el costo político de serlo en ese tipo de comicios, en cuyo caso el turno le tocaría al PRI en esta ocasión (como lo fue también en 1997), la participación suele ser bastante menor que en el proceso presidencial (45 % en 2009, 63 % en 2012), y quienes más tienden a abstenerse son los votantes independientes. Quedan entonces los votantes duros, que en su mayoría son priístas. Habrá que ver si en 2015 pesa más el voto duro del PRI que el voto de castigo que es natural en este tipo de comicios intermedios.

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