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Competencia económica, oportunidades para todos

México cuenta con importantes ventajas comparativas, como son su reconocida estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas, un importante bono demográfico, una posición geográfica envidiable y un sector industrial competitivo. Todas ellas hablan de nuestro gran potencial de desarrollo. Sin embargo, las tasas de crecimiento económico de México de los últimos 30 años se encuentran por debajo de dicho potencial.

A decir de los analistas, son muchos los factores que explican este bajo nivel de crecimiento, pero sin duda uno de los más relevantes es la falta de competencia económica, la cual impide que los consumidores puedan acceder a bienes y servicios de calidad a precios bajos y detiene la competitividad del país al no generar incentivos para la inversión, el desarrollo tecnológico y el uso eficiente de los factores productivos.

Desde hace tiempo, el país abrió a la competencia internacional muchos sectores que actualmente tienen los más altos niveles de competitividad; sin embargo, muchos otros siguen cerrados a la competencia externa e interna.

Además, generalmente, el sector productivo debe encontrar sus insumos en mercados poco competitivos, a la vez que los consumidores deben pagar precios más altos de los que pagarían de existir competencia.

Según la OCDE, el 30% del consumo de los mexicanos se realiza en mercados concentrados, lo que significa que pagan precios 40% superiores a los que pagarían si hubiera competencia. Esto último es particularmente grave para la población más pobre, que realiza más del 40% de su consumo en mercados concentrados.

Sobre este tema, Carlos Elizondo Mayer-Serra señala que cada familia mexicana transfiere en promedio 75 mil pesos anuales a monopolios.

Por ello, con el objeto de generar un mayor crecimiento con generación de empleo y sobre todo para que las oportunidades de crecimiento en México sean para todos y no sólo para unos cuantos, el presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa orientada a impulsar la competencia económica del país, definiendo cuáles son las conductas de las empresas que la limitan, a la vez que otorga mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) a fin de prevenir y, en su caso, sancionar las prácticas monopólicas y las concentraciones ilegales.

Esta ley define las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción y distribución de bienes o servicios. A la vez, retoma los conceptos de la ley anterior respecto de prácticas monopólicas absolutas, prácticas monopólicas relativas, determinación de mercado relevante, de poder sustancial y concentraciones.

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