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Congresos locales o maniquíes

Durante décadas las elecciones en México seguían el guión fijado en la Constitución pero el desenlace era bien conocido de antemano: no había competencia real, ni sorpresas en el resultado. Las votaciones eran un ritual formal con buena dosis de simulación.

Lo mismo ocurrió con la división de Poderes hasta que la pluralidad política representada en la Cámara de Diputados (1997) y en el Senado (2000) obligó al primer mandatario y a su partido a dejar de legislar en solitario. También puede afirmarse que el federalismo comenzó a ser algo más que papel mojado cuando los gobernadores debieron su cargo a sus electores y no al favor del todopoderoso Presidente de la República. Hacia el fin de siglo, poco a poco, los equilibrios y la división de poderes diseñados en la Constitución de 1917 fueron haciéndose realidad. Pero la tarea lejos está de haber sido cumplida e incluso existen riesgos de regresión. En particular hay un eslabón oxidado, inoperante en términos reales, para cambiar la Carta Magna: el papel de los Congresos locales.

Aunque el artículo 135 de la Constitución señala con claridad que para modificar la propia letra constitucional se necesita tanto de la aprobación de las dos terceras partes del Congreso de la Unión como de la mayoría de las legislaturas de los estados, en los hechos una vez que se reúne el 66% de votos en la Cámara de Diputados y en el Senado se sabe que la reforma constitucional avanzará como cuchillo en mantequilla por las legislaturas locales.

La importante reforma energética, que cambia artículos clave de nuestra organización económica como Estado nacional, se aprobó sin prácticamente discusión alguna en los Congresos locales. En algunos casos, las formas se descuidaron a grado tal que la votación se dio en dos minutos, como si los legisladores de las entidades no tuvieran nada qué decir y debatir de cara a sus representados, como si su papel fuera el de maniquíes que hacen quórum para apoyar inopinadamente las decisiones que se toman en la capital. Este procedimiento, tan atropellado, en parte ha dado pie a la solicitud de amparo de 23 ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes ante la Suprema Corte contra la reforma energética.

Pero la premura y la falta de deliberación —omisión mayor en un cuerpo parlamentario— ocurre con alta frecuencia en otras reformas, como la político electoral, que resta atributos a los mismos Congresos locales sin que éstos hayan hecho una defensa de su autonomía como entidades soberanas por la creación de un Instituto Nacional de Elecciones de diseño tan improvisado como potencialmente arbitrario.

La noción recentralista que va permeando las decisiones constitucionales se inspira en el diagnóstico de que los gobernadores concentran demasiado poder; pero la receta, en vez de buscar construir contrapesos efectivos a nivel local, se ha vuelto debilitar aún más a los Congresos y órganos locales. Así, cada vez que se presume o se documenta un exceso de un mandatario local, como es el caso reciente de la campaña publicitaria del gobernador de Chiapas, se quiere una solución a modo a nivel federal (que el IFE castigue, aunque no haya elecciones ni sea propiamente un tema electoral), en vez de acudir al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local y al instituto autónomo de transparencia de ese estado.

Por supuesto, hay problemas de debilidad en los Congresos y en los órganos locales de derechos humanos, de transparencia, electorales o de evaluación de la política social, pero no es a través de su desdibujamiento o aniquilación desde el centro como los equilibrios de poder florecerán en la dimensión local de la política.

La existencia de Congresos locales realmente autónomos es indispensable para tener un federalismo productivo. Por la construcción de un Poder Legislativo local digno de tal nombre pasa la edificación del Estado democrático; el resto es simulación y abuso —del centro o del gobernador en turno, qué más da—.

@ciromurayama