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Consulta en país inconsulto

Lo que no puede ser consultado son los ingresos en sí pero las reglas para entregar los energéticos a las trasnacionales son otra cosa.

México se la ha pasado en elecciones (sucias y menos sucias) y sin mecanismos directos de decisión. Este es uno de los síntomas de atraso político. Cuando se aprobó la reforma para establecer el plebiscito y el referéndum pocos le dieron importancia mientras los medios la soslayaron.

Hoy, cuando existe un diferendo sobre la reciente reforma energética, la discusión consiste en si es posible convocar una consulta ciudadana sobre el tema. Los defensores de tal reforma consideran que ésta es tan trascendente que no debería someterse a consulta pero la trascendencia es uno de los argumentos de quienes pretenden echarla abajo. En efecto, la Carta Magna reserva el procedimiento de consulta a los "temas de trascendencia nacional". A su vez, se estableció que algunos asuntos, aunque fueran trascendentes, no podrían resolverse mediante votación popular: "la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente". Esta lista es exhaustiva, no enunciativa.

El PRI ha dicho que la consulta es improcedente porque la reforma "producirá" mayores ingresos públicos. Tan peregrina tesis podría aplicarse casi a todo porque los actos de Estado por lo regular llevan a gastos o ingresos públicos. Pero es evidente que la forma de realizar el dominio de la nación sobre los hidrocarburos no es un "ingreso público" sino un tema de soberanía nacional y estrategia económica. Lo que no puede ser consultado son los ingresos en sí pero las reglas para entregar los energéticos a las trasnacionales son otra cosa.

Para la dirigencia priista la consulta, en especial el referéndum facultativo popular derogatorio, es algo no sólo extraño a la cultura mexicana, sino odioso por cuanto modifica la manera en que se toman las decisiones. Sin embargo, la consulta popular puede verse también como mecanismo para resolver las controversias sobre grandes temas.

En la reforma de 2012 se reservó la capacidad de promover una consulta al presidente de la República, el 33 por ciento de cualquiera de las cámaras o el dos por ciento de los ciudadanos, pero hay una diferencia entre los poderosos y los demás: la petición ciudadana de realizar una consulta no requiere aprobación previa del Congreso.

Además, la Constitución señala que "La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta", pero no dice la legalidad, es decir, la Corte sólo puede pronunciarse sobre el requisito constitucional que consiste en que se trate de un tema de "trascendencia nacional" y que no haya excepción constitucional expresa.

Estos puntos constitucionales están reflejados en el proyecto de ley y, aunque no lo estuvieran o se inventaran otros, la Corte no podría impedir la consulta apoyándose en la ley pues funciona aquí como estricto tribunal de constitucionalidad.

Es claro, sin embargo, que la Corte podría impedir la consulta por motivos estrictamente políticos, pero eso no sería posible impedirlo con una ley ni con nada. Así es México… por lo pronto.

En cuanto a los requisitos legales para presentar y hacer valer las firmas de ciudadanos, ninguno de los incluidos en el proyecto es obstáculo suficiente para detener una promoción verdaderamente popular. La ley se necesita ya para dar seguridad a quienes buscan que se consulte a los ciudadanos sobre la reciente reforma constitucional de energía. Sería el primer referéndum en un país inconsulto.

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