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Contradicciones

NUESTRA OPINIÓN CULIACÁN

Las reformas constitucionales de 2011, que se dieron en cumplimiento a los compromisos internacionales, particularmente derivados de la firma del Pacto de San José, vinieron a sentar importantes precedentes en México porque, luego de toda una historia de flagrantes violaciones, los Derechos Humanos se convierten en obligada materia de respeto para todas las autoridades involucradas. A partir de la fecha, cualquier autoridad o servidor público que sea simplemente señalado de infringirlos o atentar contra la integridad de un ciudadano, comete un delito grave y pudiera, incluso, ir a la cárcel y, para demostrarlo se cuenta con protocolos e incluso, la intervención de organismos internacionales para probarlo y promover las sanciones correspondientes. Y, aunque cuestionable por organismos defensores de víctimas del delito, esto ha dado oportunidad a que delincuentes confesos y cuya responsabilidad fue jurídicamente probada, al recurrir a la solicitud de revisión de su proceso y argumentar alguna violación a sus garantías, se detienen los procedimientos en su contra hasta que se demuestre lo contrario. La garantía de respeto a los Derechos Humanos la pueden solicitar todos los ciudadanos por el solo hecho de tener esta personalidad jurídica. El problema es que los servidores públicos, aquellos que tienen la obligación de respetar y hacer respetar las garantías del ciudadano, no pueden gozar de dicha prerrogativa constitucional. Así lo explica el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Ríos Estavillo, al señalar que el servidor público, al ejercer el poder del estado, lo hace en estricto apego a las funciones que debe desempeñar para ello mientras que el ciudadano aspira a que, en el desempeño de las funciones que debe realizar el servidor público, se de el cumplimiento a sus derechos.