Conéctate a El Debate

O conéctate con...

Usuarios registrados

Cancelar

Corrupción institucional

NUESTRA OPINIÓN ESTATAL

Los programas de la Sagarpa encuadrados en el esquema gubernamental para estimular el desarrollo agropecuario que pudieran realmente contribuir a los propósitos con los que fueron concebidos, son torcidos en beneficio no sólo de una élite de productores influyentes, sino de muchos funcionarios que trafican al amparo de sus cargos para acreditarse millonarios apoyos.

Recientemente abiertas las convocatorias para la solicitud de proyectos productivos, la mayor parte de estos son acaparados por importantes agricultores que gozan de amistades o compadrazgo con servidores públicos por cuyas manos pasan las autorizaciones.

Con ser grave lo anterior, no es lo peor, porque se tiene conocimiento que funcionarios de gobierno, de la propia Sagarpa incluso, maniobran a través de presta nombres o familiares para obtener el beneficio económico de esos incentivos a la productividad en el campo.

Una revisión a la larga lista de beneficiados con los apoyos productivos bastaría para darse cuenta que un alto porcentaje de esos estímulos son acreditados a gente muy ligada a los hombres del poder, y si se realiza de forma más meticulosa, aflorará por supuesto que también la parentela de los funcionarios hacen su agosto con los programas.

Y mientras determinada casta de productores y gente de gobierno accede fácilmente a los recursos federales mediante una serie de artimañas y procedimientos legaloides, los hombres del campo que más necesitan ese tipo de respaldo para su actividad, les resulta, debido a los candados en las reglas de operación, casi imposible obtener la autorización plena para que le bajen los financiamientos.

Y en medio de esa que es una especie de corrupción institucionalizada y que en Sinaloa cobra patente patrimonialista, pese al cúmulo de denuncias y evidencias sobre la aplicación irregular de los recursos, no hay nadie que intervenga para poner freno a tanta voracidad oficial.