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Cuentas públicas, opacidad y desconfianza

POLITEIA

Transparencia y rendición de cuentas con consecuencias siguen siendo temas pendientes en nuestra agenda pública. La corrupción, el patrimonialismo y el ejercicio discrecional en el manejo de los recursos públicos, por el contrario, son hechos puntuales que definen una cultura y una práctica político-administrativa en una sociedad que, como la nuestra, sigue haciendo considerables esfuerzos para afirmar un modelo de pesos y contrapesos que limite todo ejercicio arbitrario del poder.

La tarea no ha sido nada fácil. Prácticas sedimentadas durante decenios deformaron el desarrollo político de la sociedad mexicana, configurando, por un lado, un modelo autoritario de ejercicio del poder político, sin voluntad ni compromiso de rendir cuentas, y por otro, una ciudadanía apática y distanciada del poder, que simplemente desconfía de todos los actos de gobierno.

Así se ha generado esta doble cultura que está en el sustrato de la vida política nacional, estatal y municipal. Una que se define como cultura de la opacidad, que no explica, razona o argumenta las decisiones del poder, y en consecuencia, tampoco está obligada —precisamente por la ausencia de un modelo de control recíproco entre poderes— a rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos. La otra es la cultura de la desconfianza, proverbial actitud de una ciudadanía cada vez menos identificada con sus gobernantes.

Desmontarlas no es tarea fácil. La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción —aprobada ya por el Senado en diciembre pasado y dotada de instrumentos para aplicar sanciones administrativas, económicas y penales frente a ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública— se supone que contribuiría a ese propósito, pero el hecho de que a estas alturas no esté funcionando, da cuenta de las enormes resistencias que todavía hay que vencer para fincar una nueva ética pública.

La revisión de la cuenta pública en Sinaloa en estos días, da cuenta de muchos de estos problemas estructurales que menciono. Sin embargo, creo que es ya un gran avance, precisamente por las resistencias e inercias conservadoras que prevalecen en amplios espacios de la vida institucional, que estos asuntos empiecen a ventilarse públicamente.

Diría que es necesario no sólo abrir más al escrutinio público este trabajo, sino a los propios diputados que terminan por aprobar o reprobar cuentas que no revisan más que los integrantes de la Comisión de Fiscalización, y que termina también por dejar en el ánimo cierta sensación de que las cosas no están bien hechas, y de que siempre hay y habrá un quid pro quo que permita a todos taparse con la misma cobija.

Puestas las cosas en la balanza diría: qué bueno que el Congreso esté cumpliendo con la función fiscalizadora que se le tiene asignada. Eso es positivo porque precisamente lo que queremos es una democracia que funcione, un modelo de control recíproco entre poderes que limite la discrecionalidad, que frene todo exceso y arbitrariedad, y sobre todo, un poder que se muestre en público.

Por supuesto que nadie debe sentirse satisfecho y contento con lo que tenemos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Todavía hay un considerable déficit. Pero reducir esas zonas de opacidad, esos espacios sombríos, abona a la tarea colectiva de construcción de un mejor orden democrático.

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