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Opinión

El SAT no sabe qué es el Scotiabank

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

Por  Darío Celis Estrada

La disputa entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la minera canadiense First Majestic está escalando rápidamente a otros niveles. El gobierno de la 4T negocia, pero con una pistola amartillada.

Y es que mientras la instancia que preside Raquel Buenrostro y la compañía que preside Keith Neumeyer están supuestamente dialogando, llegó una querella contra Primero Mining, una subsidiaria del grupo.

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Con fecha 30 de abril Sergio Martínez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría Fiscal, hizo la notificación 529-VDGDF-0257/2020.

Se hace del conocimiento ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, dejando de pagar 426 millones 308 mil 706 pesos de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

La Procuraduría que capitanea Carlos Romero Aranda advirtió al contribuyente que omitió acumular el ingreso real derivado de la venta de plata a su parte relacionada Silver Trading Barbados Limited.

First Majestic arrastra desde el sexenio pasado diferendos con el SAT porque se le cuestiona lo que tributó producto de la compra de Primero Mining, dueña de la mina de plata San Dimas, en Durango.

La minera promovió en mayo una demanda contra México en el marco del Tratado de Libre Comercio, lo que motivó que Andrés Manuel López Obrador pidiera al gobierno canadiense entrar a conciliar.

Pero lo inaudito es que mientras el Presidente pide a su homólogo Justin Trudeau que sensibilice a First Majestic para que pague cerca de 180 millones de dólares, ya exista una querella fiscal.

Y más aún: el SAT les inició procedimiento sancionador en materia de prevención de lavado de dinero, en el que hacen observaciones absurdas, como no reconocer a Scotiabank como su proveedor.

La autoridad fiscal le señaló a la minera que estaba en falta, que tenía mal sus registros y que no sabía qué era “Scotia Bank”, argumentando que no lo tenía debidamente identificado.

El poner en duda por “desconocimiento” al que es el tercer banco de Canadá por volumen de activos, dio lugar a la presuposición del SAT que Primero Mining podía estar haciendo operaciones de lavado de dinero.

Vaya noticia para la institución que preside mundialmente Brian J. Porter y que dirige aquí Adrián Otero, grupo que desembarcó en 1996 tras adquirir a Inverlat. Tendrán que hacerse más promoción.

PRESIDENCIA GIRÓ YA instrucciones para que hoy mismo Tecnocen, de Sergio Loredo, entregue los activos de Visitmexico.com. También ordenó a la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, para que siga la denuncia que se interpuso la semana pasada ante la Fiscalía General de la República y se castigue con todo el peso de la ley este ilícito. Loredo está subiendo al sitio versiones viejas de prueba con datos equivocados, con lo que el daño a la imagen de México y sus diferentes destinos continúa. ¿Quién promueve a Loredo dentro de la 4T? Él dice que llegó recomendado por Alfonso Romo, pero si algo detesta al Jefe de Oficina de Presidencia es que utilicen su nombre para abrir puertas y ganar favores en el gobierno. Y es que Tecnocen también tiene contratos con Banco del Bienestar, que dirige Diana Álvarez, y Banobras, que comanda Jorge Mendoza. La pregunta que muchos se hacen es si a la menor provocación Tecnocen bajará el swicht de las computadoras de sus clientes dentro del gobierno, que no es precisamente el mejor pagador.

PUES EFECTIVAMENTE, EL consorcio ganador del laudo contra la CFE por el caso de la hidroeléctrica Chicoasén II de Chiapas, se fue a Nueva York a ejecutar el cobro de los 225 millones de dólares. Omega de Jorge Melgarejo, Caabsa de Luis y Mauricio Amodío y la china Sinohydro presentaron esta semana una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan, que ya asignó el caso a la magistrada Judge Sarah Netburn. El consorcio fichó al bufete Chaffetz Lindsey, que lidera Andreas Frischknech, y va por activos que la dependencia de Manuel Bartlett pueda tener en el extranjero, particularmente dinero en fondos de inversión.

CINEMEX ESTÁ A la espera de una nueva inyección de capital fresco para reestructurar su deuda en Estados Unidos, que suma 114 millones de dólares. La cadena mexicana logró un financiamiento inicial de 9.7 millones que autorizó el 29 de junio la jueza Laurel Myerson Isicoff del Tribunal de Quiebras de Miami, que reconoció de manera incontrovertida la primera prelación a favor del acreditante, que fue el mismo grupo de Germán Larrea. Es muy probable que el segundo crédito provenga de un fondo. Hasta ahora la compañía que dirige allá José Leonardo Martí no ha presentado un plan de negocios, lo que limita su reflotamiento.

COMO SE ESPERABA, el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez, fue electo ayer director del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, este super organismo que surge a petición de Estados Unidos como parte de las negociaciones del T-MEC en el ámbito laboral. Su poder va ser equiparable al del INE, solo que como árbitro de los sindicatos. Una victoria para el abogado laboral Arturo Alcalde, padre de la secretaria Luisa María Alcalde. Domínguez es hijo de un viejo luchador sindical del mismo nombre de la época de Demetrio Vallejo, cercano a los Alcalde.

OTRA LICITACIÓN PARA Carlos Slim. El flamante secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, se estrenó ayer adjudicando a Telmex el contrato del servicio de Gestión para el Centro de Datos Primario y Alterno, tras ofrecer 128.2 millones de pesos. Dejó en el camino a Axtel de Tomás Milmo, que lo tenía y que puso en la mesa 140.6 millones. También a Sixsigma Networks de María Asunción Aramburuzabala con 259.5 millones y Atalait que dirige Leonardo Rodríguez con 168.6 millones de pesos. Un proceso muy desaseado.

NADA, NO SE pudo listar ayer la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Le informé en la víspera que la Primera Sala tenía previsto resolver un amparo de Santander Consumo que sentaría un precedente en el cobro del ISR sobre impagos de créditos a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). Básicamente piden que el SAT de Raquel Buenrostro no les aplique el gravamen, como sucede con los bancos y aseguradoras. El tema se va reagendar.

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