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Opinión

De chantaje y subsidios

LECTURAS

Por Rigoberto Ocampo Alcántar

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Hace apenas unos días, EL DEBATE publicó que “…si las autoridades de Conapesca siguen sin entregar los 33 millones de pesos que les fueron etiquetados para el programa de motores marinos, Sergio Torres Félix advirtió que encabezará la toma de las oficinas” (7/Nov/2018). Hoy se cumple una semana y todavía no se informa si ya les entregaron esos fondos a pescadores ribereños. El lunes pasado, EL DEBATE publicó: “Acuicultores de Sinaloa, se plantaron frente a las oficinas de la Conapesca, exigen les liberen los apoyos para la adquisición de larvas como está establecido…el vicepresidente de la Asociación de Acuicultores de la entidad recalcó que son 81 millones de pesos lo que les adeudas.” La suma de esas dos demandas de apoyos para la pesca que afecta a cientos de pescadores ribereños y acuicultores de Sinaloa suma 114 millones. En 2015 y 2016, sólo según los datos que se pudieron conocer de Conapesca, las empresas de la atunera y sardinera Pinsa recibieron de subsidio de diésel 118 millones de pesos. Ese solo conglomerado empresarial tuvo más subsidios, hace dos años, que los pescadores que pretendió encabezar el Secretario del gobierno del estado en una toma de oficinas del gobierno federal.

Esta comparación demuestra que algo no está funcionando bien en la oficina federal encargada de las políticas públicas de pesca: en Sinaloa se otorga subsidios a una empresa y no a otros sectores sociales. El funcionario estatal debería hacer un análisis antes de emplazar a una acción ilegal. Contestar por ejemplo las interrogantes siguientes y hacer públicas las respuestas: ¿Cuántos empleados contrata Pinsa en Sinaloa y cuántas familias tienen su legítimo ingreso por la venta de su fuerza de trabajo? ¿Cuántos sinaloenses se auto emplean y mantienen a sus familias con su ingreso de la pesca ribereña y la acuicultura? ¿Qué efectos tienen en el medio ambiente vía contaminación y depredación: por un lado, la pesca de atún y sardina; y, por el otro, la pesca ribereña y la acuacultura? Esta información le daría un sustento a su discurso y podría sentar las bases de una intermediación política entre los dos niveles de gobierno. De lo contrario se podría interpretar como una acción intimidatoria, incluso alguien podría atreverse a acusarlo de chantaje. Lo público deja abierto el escrutinio. Abrir la información y dar a conocer las respuestas a las interrogantes planteadas daría legitimidad a la demanda del funcionario estatal. Cuándo hay información pública, no hay espacio para especulación o trascendidos.

De Calderón, Peña y el narcotráfico

El gobierno del Presidente Felipe Calderón se distinguió por centralizar su discurso político en la lucha contra el narcotráfico. En 2007 se publicó el primer artículo académico para analizar este fenómeno político y su relación con la legitimidad electoral del gobierno de Calderón (Descripción Social: Detalles de narcotráfico, Arenas Revista Sinaloense de Ciencias Sociales, N° 14, 2007, UAS).

Años después, pasaron detenciones y fugas e inició un juicio en New York contra el presunto narcotraficante, Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Ayer, según nota de EL DEBATE, uno de sus abogados, Jeffrey Lichtman, “aseguró al jurado que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa es el también acusado Ismael ‘Mayo’ Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado “al actual y al anterior presidente de México (...) millones de dólares en sobornos”. Tal señalamiento fue publicado por la agencia AFP.”

Un mes antes que se publicó en EL DEBATE que Sergio Torres encabezaría la toma de Conapesca, se publicó en Lecturas el análisis del paso de lo secreto a lo público de un personaje de corridos, que ahora el abogado de Joaquín Guzmán, señala como jefe del Cartel de Sinaloa (Lecturas, 7/Oct/2018). Ya no fue sólo en 2010 en entrevista con Julio Scherer o en un debate entre candidatos a gobernador, o, en los corridos de El Fantasma en 2016, que sale a relucir el nombre de Ismael Zambada, alías El Mayo. Ahora fue frente a un jurado en un juicio por narcotráfico contra otro sinaloense.

Párrafos: De aclarar y obscurecer: Calderón y Peña Nieto

De inmediato, tras darse a conocer la nota de AFP, vía Twitter, el expresidente Calderón y el Vocero del gobierno de Peña Nieto, negaron la acusación del abogado de Joaquín Guzmán. Lo extraño de estas aclaraciones es el poder que le atribuyen a un abogado. ¿Porque un funcionario público, representante del Presidente de México, y, un expresidente mexicano, deciden aclarar que no los corrompió el dinero del Chapo Guzmán? ¿Quién es ese abogado o de que información dispone para que tengan que aclarar un expresidente y el vocero del que Presidente en funciones hasta el 30 de noviembre? Cómo dice el amigo de rancho: aclarando, obscurece. ¿Porque inmiscuir al Presidente de México, electo por el voto de la mayoría de los mexicanos, en un juicio por narcotráfico en los USA? ¿Por qué un expresidente mexicano, también electo por el voto de la mayoría, se mete a aclarar los dichos de una nota de una agencia de noticias francesa? ¿Qué implicaciones tendría que un juez de los USA mandará llamar, después del 30 de noviembre, a los expresidentes mexicanos Calderón y Peña, en ese juicio por narcotráfico? ¿Qué pasaría si el gobierno de los USA decidiera suspender las visas de los dos expresidentes y sus familias?

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