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Déjà vu

Déjà vu, la ilusión que resulta de recordar un mundo anterior. Esa parece ser la lógica de la política económica: recrear un mundo que ya no existe y que ya no es posible. Pero el intento entraña enormes costos y riesgos, comenzando por la ilusión de que es posible separar y diferenciar al mundo externo del interno. La globalización de los procesos productivos transformó no sólo la fabricación de bienes sino también las relaciones políticas entre actores de la sociedad. A menos que el gobierno esté dispuesto a imitar a Corea del Norte u otras dictaduras represivas, su margen de acción es infinitamente menor al que cree.

Hace medio siglo la abrumadora mayoría de la actividad humana tenía lugar dentro de un espacio territorial acotado. Un automóvil se fabricaba íntegramente en una planta a partir de materias primas. Ese esquema productivo venía asociado a sistemas de gobierno con responsabilidad y soberanía plena sobre su territorio. Las regulaciones y mecanismos de supervisión y control ignoraban lo que ocurriera fuera del país: eso no tenía relevancia. En lo político, los gobiernos de aquella época ejercían control absoluto y con frecuencia censuraban la información que se publicaba en periódicos, libros o medios electrónicos. En lo económico, el gobierno establecía regulaciones generalmente orientadas a proteger a los productores nacionales y fomentaba el crecimiento de la actividad económica por medio de la inversión en infraestructura. No era un mundo perfecto pero era sin duda el paraíso de los gobiernos y políticos.

Ese mundo se colapsó con el desarrollo de la llamada globalización que, en su esencia, consiste en la integración de procesos productivos a través de fronteras. En lugar de que un automóvil se fabrique en un solo lugar geográfico, hoy existen fábricas de partes y componentes, cada una más especializada que la otra. Siguiendo la lógica de la productividad, la especialización permite elevar la calidad de los componentes, incrementar las economías de escala y de enfoque y reducir costos. La especialización se ha traducido en mejores automóviles que se descomponen menos y que rinden más. Lo mismo es cierto para aparatos electrónicos, muebles, computadoras, fármacos y demás.

El cambio en la forma de producir trajo consigo una alteración de las relaciones políticas. Con el irredento cruce de fronteras que entraña la globalización, cambiaron las reglas del juego. En lugar de controlar o regular a la inversión (ej. LEA, 1973) hoy se le busca con desesperación. El poder antes radicaba en el gobierno: hoy en la empresa que tiene infinidad de alternativas para localizar su inversión. Los gobiernos tuvieron que adecuar sus regulaciones y formas de conducirse para competir por la inversión, atraerla, ofrecerle las perlas de la virgen y confiar que los beneficios otorgados se traduzcan en empleos, generación de riqueza y mejores oportunidades. De entidades controladoras, los gobiernos se convirtieron en oficinas de promoción.

Esta afirmación podría parecer excesiva pero, al menos en concepto, está lejos de serlo. Todo lo que ha intentado el gobierno mexicano a lo largo de las últimas tres décadas responde a esta lógica: cómo atraer más inversión. Para ello ha realizado un sinnúmero de ajustes en leyes y regulaciones, firmado tratados de libre comercio, establecido oficinas de promoción para la inversión (ej. Proméxico) y dedicado infinidad de tiempo del presidente a cortejar inversionistas potenciales. Muchísimo más los secretarios y gobernadores.

Es claro que a los políticos tradicionales no les gusta esta realidad, pero nada ilustra mejor su vigencia que el reciente llamado del presidente del PRD a los potenciales inversionistas en energía que no se acerquen a México. Lo impactante es que la declaración fue en Washington: si hubiera creído que el gobierno tiene el control del proceso jamás se le hubiera ocurrido hablar así.

La pérdida de poder por parte de los gobiernos respecto a los mercados, inversionistas, empresas y actores cosmopolitas es una realidad ineludible. Esa transferencia de poder no es sólo a los actores internacionales (vgr. empresas multinacionales) sino a todos los actores económicos integrados al mundo global. Esta circunstancia hace inexplicable la forma en que el gobierno ha intentado diferenciar a los inversionistas del exterior respecto a los internos, para no hablar de la ciudadanía en general.

Desde mucho antes de ser electo, el hoy gobierno ya había dedicado grandes esfuerzos a cultivar inversionistas y medios del exterior, llegando incluso a articular o promover la expectativa de un "momento mexicano". Lo paradójico es que ese esfuerzo (que persiste) ha ido de la mano de una estrategia obviamente consciente de ignorar, rechazar y fustigar a los inversionistas y ciudadanos mexicanos, como si en esta era de las comunicaciones instantáneas esos actores no se comunicaran entre sí. La pretensión de que es posible diferenciar lo interno de lo externo es una costosa (y riesgosa) ilusión.

La conectividad inherente a la globalización hace que todo sea relativo y que la población sólo estará satisfecha en la medida en que esté mejor que otros en el mundo. Desaparecieron los absolutos y desapareció la viabilidad del gobierno que impone. Hoy lo necesario es un gobierno que construye y ejerce un liderazgo positivo. Hoy el gobierno depende de actores económicos y ciudadanos, no al revés. Pretender que es posible regresar al pasado es una costosa ilusión.